¡Qué vergüenza!

Jesús Hernández Martínez
Foto: Infoqroo
La Jornada Maya

Miércoles 7 de noviembre, 2018

El pasado lunes, las autoridades quintanarroenses, en primer lugar, y la población en segundo, enfrentaron una “grave pena” gubernamental, política, de disciplina, social y humana, al observar la manera, nada edificante, en que unos agentes policiales de Benito Juárez, golpeaban y empujaban a su “jefe” lo cual, en estricta justicia, vulnera un sistema legal establecido y al que todos, estemos de acuerdo o no, debemos sujetarnos.

Independientemente de la manera de pensar y de la libertad de que gozamos todos los mexicanos y con éstos los quintanarroenses. Todos estamos sujetos a normas, reglas, estatutos, leyes y hasta costumbres. El Estado mexicano deviene de la legalidad de su formación, operatividad y funcionalidad; se pueden esgrimir muchos argumentos para no obedecer, pero en ese caso, se debe renunciar a la actividad por la que se formalizó un convenio, un acuerdo y un compromiso de obedecer bajo la premisa de que: “quien obedece no se equivoca” aunque puedan equivocarse quienes mandan.

Por la celeridad con que recorren en la actualidad las noticias, sobre todo las malas, el lunes pasado nos enteramos, y no solo en Quintana Roo sino en todo el país y tal vez el extranjero, de la forma en que a empujones e improperios, varias docenas de agentes policiales de Seguridad y Tránsito de Cancún, (Benito Juárez), desalojaron a Jesús Pérez Abarca, encargado de las oficinas municipales de esa corporación.

Debe entenderse y tenemos que saberlo todos, podemos disentir de la forma de pensar de quien o quienes, en un organigrama de labores, oficiales o particulares, son nuestros superiores por su investidura, pero entonces nadie puede sustraerse a un sistema establecido y por lo tanto legal.

De entrada, nadie desde fuera puede conocer la situación real de esas oficinas y su personal, ya que la mayoría de los agentes policiales se dedican a cuidar de la seguridad de la sociedad.

Tampoco se trata de defender o atacar a una u otra de las partes, porque cada una ya expuso sus razones y, de llevarse el caso a los tribunales, en su oportunidad se dará a conocer un veredicto legal, sin embargo, todos, por educación y formación estamos obligados a obedecer a nuestros superiores, que no lo son como personas, pues todos somos iguales, sino por la investidura que les adjudicó el Estado. Dicen los religiosos: “condenemos al pecado, no al pecador”.

En todo caso, el jerarca máximo de la institución vulnerada, quien en este incidente es el gobernador del Estado, debe llamar a rendir buenas cuentas a todos sus colaboradores y quien o quienes no hagan lo suficiente, separarlos del cargo; siempre habrá mejores personas para el desempeño de las actividades que requiere una sociedad en armonía.

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