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Rodrigo Patiño *
Foto: Rodrigo Díaz Guzmán
La Jornada Maya

Viernes 5 de octubre, 2018

Yucatán, un estado con gran riqueza ecológica y cultural, altamente vulnerable en el contexto de cambio climático y eventos meteorológicos extremos, se enfrenta a un desarrollo de parques eólicos y solares de gran escala. En tan sólo cuatro años, a raíz de la Reforma Energética, la federación ha otorgado más de 20 permisos de generación eléctrica para dichos proyectos. Sin un proceso integral de planeación y evaluación socioambiental, estos parques se están emplazando en áreas mayoritariamente indígenas y con ecosistemas altamente frágiles: cercanos a reservas naturales, dentro de corredores biológicos de gran importancia, en un área de rutas migratorias de aves a nivel continental, entre otras características.

Entre los principales problemas que emanan de estos proyectos, se han registrado los siguientes: se evalúan con un carácter individual, sin considerar impactos acumulativos y sinérgicos a nivel regional; tienen serias deficiencias metodológicas y rigor científico; son faltos de transparencia y de mecanismos efectivos de participación pública; y no cumplen con estándares internacionales relativos a derechos humanos y colectivos. Por otro lado, no se deja lugar para la integración de otras alternativas de desarrollo, más sustentables, que prioricen temas como la eficiencia energética, la generación distribuida y los proyectos comunitarios y ciudadanos.

En un proceso vertical, el gobierno federal ha puesto en jaque el desarrollo sostenible de Yucatán. Por un lado, se ejerce una fuerte presión por parte de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Semarnat y la Secretaría de Energía (SENER), instancias que autorizan indiscriminadamente proyectos a ser emplazados en territorio yucateco. Por otro lado, nuestra entidad carece de herramientas actualizadas para la regulación de proyectos de energía, como puede ser a través de los programas de ordenamiento territorial. Adicionalmente, los gobiernos estatal y federal no han garantizado los derechos de las comunidades mayas para decidir sus propias prioridades de desarrollo y su vinculación con los planes de desarrollo y proyectos susceptibles de afectarles directamente, de acuerdo con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (1989), el Convenio sobre la Diversidad Biológica (1993) y la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU (2007).

[b]Reforma pionera[/b]

La Reforma Energética en México es pionera en la legislación por introducir la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) como un instrumento de políticas, planes y programas (PPP) federales, sin embargo ha dejado vacíos en su regulación. A pesar de que el Artículo 19 de la Ley de Transición de Energía (2015), atribuye a la Semarnat a elaborar estudios de EAE de carácter regional en zonas con alto potencial de energías limpias, a la fecha ningún proceso de EAE ha sido realizado en la región ni en el país. La EAE considera: el debate público y gubernamental para una mejor gobernanza y un fortalecimiento institucional; la identificación de distintas opciones de desarrollo con un enfoque sostenible; un análisis interdisciplinario continuo, con rigor científico y flexible, para la toma de decisiones y la implementación; información de alta calidad y de acceso público para su evaluación.

Mientras que en una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) o una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) se consideran solamente proyectos individuales con un limitado margen espacial, temporal y de participación pública, la EAE se refiere a PPP integrales con un fuerte carácter participativo y preventivo. Además de considerar una línea base del estado actual de un territorio, en la EAE se consideran distintas alternativas.

Una de las virtudes de la EAE es acelerar la implementación de procesos en un marco de credibilidad, integrando el análisis de impactos acumulativos o sinérgicos de distintas acciones conjuntas. Este instrumento busca también un marco en el que los diferentes aspectos de mitigación son considerados para que los distintos actores puedan beneficiarse durante las etapas sucesivas del proceso. Finalmente, la EAE no se limita a un reporte, sino que involucra un seguimiento durante el tiempo de vida del desarrollo propuesto, con la posibilidad de hacer cambios a lo largo del proceso.

Si bien se trata de un mecanismo reciente, existe un proceso dinámico que va asentando el marco legal de la EAE a nivel nacional e internacional. A nivel nacional, varios países han adoptado la EAE con distintos alcances legislativos, incluyendo Canadá, Estados Unidos y varios países de Latinoamérica. En el contexto internacional, los dos instrumentos más importantes son: la Directiva Europea (2001/42/EC), que entró en vigencia en 2004 y se aplica a los países de la Comunidad Europea; y el Protocolo sobre EAE de la Convención Espoo sobre Evaluación de Impacto Ambiental en el Contexto Transfronterizo, acordado en 2003 por la Comisión Económica para Europa de la Organización de las Naciones Unidas (UNECE) y entró en vigor en 2010. Éste último ha sido firmado a la fecha por 38 países europeos, poniendo un énfasis en la Salud y en el cumplimiento de los 17 Objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Es evidente que los proyectos energéticos no son la única amenaza en la península de Yucatán, también se encuentran los cultivos agrícolas industrializados, una industria cervecera demandante de grandes cantidades de agua, una granja porcícola que pone en jaque a las actividades ecoturísticas de comunidades mayas, un desarrollo urbano desproporcionado en el corredor Mérida-Progreso o el llamado tren maya que suscita desde ahora grandes expectativas.

[b]Coyuntura histórica[/b]

Ante el cambio actual de gobiernos, es este un momento idóneo para que en Yucatán se realice una EAE estatal, basada en sus vocaciones territoriales y dirigida al desarrollo sostenible de la región. Los gobiernos deben atender puntualmente las demandas sociales y los ciudadanos tendríamos la oportunidad de decidir el futuro que queremos. Un futuro que no sólo incluya factores económicos, sino también socioambientales; un futuro que se base en experiencias pasadas y presentes, y que contemple plenamente a las próximas generaciones en un plan de largo aliento, más allá de nuevos cambios políticos.

Para esta EAE es posible identificar un grupo de temas que incluyen el desarrollo de ordenamientos ecológicos territoriales, basados en múltiples criterios científicos, ambientales y de sostenibilidad, además de saberes locales y tradicionales. Asimismo, se consideran criterios de regulación que deben ser tomados en cuenta, como la conservación de la biodiversidad y los ecosistemas, o los servicios ambientales y las actividades económicas relacionadas. Existe además un bloque de análisis que debe considerar los derechos humanos en toda su extensión, incluyendo los derechos indígenas del pueblo maya. Los valores bioculturales, la regulación estricta en los derechos al uso de los territorios y la vulnerabilidad de las poblaciones se tienen que considerar y priorizar sobre otros intereses. Es necesario evitar conflictos sociales, así como promover proyectos comunitarios que empoderen a la población rural.

Finalmente, hay toda una sección de impulso al desarrollo social y económico de la región, promoviendo actividades socioeconómicas, empleos, cadenas de valor, inversión e impulso local, así como el acceso equitativo a los servicios y la erradicación de la pobreza. La EAE representa entonces un instrumento fundamental de gobernanza, en el que los ciudadanos, bajo un marco de información y transparencia, podemos construir el Yucatán que queremos para nuestros hijos.

*Investigador del Cinvestav-Mérida y miembro de la Articulación Yucatán

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