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Mauricio Molina Rosado*
Foto: Rodrigo Díaz Guzmán
La Jornada Maya

Martes 18 de septiembre, 2018

En el marco del Pacto por México, producto de la concertación entre el gobierno federal y la mayoría de las fuerzas políticas del país, nacieron diversas reformas estructurales que buscaron transformar el status quo en diversas áreas del desarrollo nacional. Sin duda, entre las más significativas encontramos la denominada como Reforma Educativa, misma que el Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, ha prometido revertir apenas tome posesión del cargo. Dicho por Mario Delgado, coordinador de los diputados morenistas “hasta que no le quede ni una coma”.

Más allá de vicisitudes políticas, considero que los legisladores tendrían que aprestarse a analizar no sólo aquellas aristas de la reforma que realmente vale la pena consolidar, sino también impulsar temas que han quedado pendientes y que faciliten su implementación. Igualmente, habrá que propiciar que en la defensa de esta reforma sea la sociedad civil quien juegue un papel preponderante, puesto que las bondades que plantea impactan directamente en la calidad de la educación que reciben los niños de México, tales como:

En primer término, destaco el de la evaluación docente, ponderando ésta como parte medular del desarrollo educativo. Es necesario sostener que los maestros continúen en permanente proceso de capacitación y evaluación de habilidades que les permitan no sólo actualizarse en las materias que imparten, sino desarrollarlas en el marco de la innovación tecnológica que necesariamente va transformando el paradigma pedagógico para quienes están al frente de las aulas. Que sean las personas mejor preparadas las que impartan clase, intentando abatir el conformismo que hoy sin duda permea en muchos docentes que encuentran acomodo en una plaza laboral. Cabe mencionar, incluso, que la reforma prevé que los maestros mejor evaluados reciban un incremento salarial y el acceso a mejores prestaciones. Lamentablemente, aún no es Presidente Constitucional el licenciado López Obrador y ya sus mayorías en el legislativo han aprobado un exhorto para que la Secretaría de Educación Pública deje de evaluar a los maestros. Basta recordar que lo que no se puede medir, no puede ser perfectible.

Por otra parte, es innegable que para poder brindar una educación de calidad es necesario que las escuelas cuenten con instalaciones dignas para los alumnos, docentes y personal administrativo. Programas como Escuelas al cien ha intentado dotar de mejor equipamiento, materiales y reparaciones a las escuelas, pero considero que nos hemos quedado cortos como sociedad en asegurar que las aulas sean pensadas como una prioridad del gasto público y la inversión privada. Quizás esto podría impulsarse de mayor manera estableciendo por ley un gasto mínimo fijo del presupuesto de la nación, elevándolo al marco jurídico, determinando como objetivos prioritarios del país en el mediano plazo dignificar a la infraestructura educativa. Para el sector privado, incentivar la inversión en materia educativa podría traer consigo mejores beneficios fiscales para las grandes organizaciones.

Igualmente, está pendiente el tema de la certificación y supervisión de las escuelas patito. Vemos en el país una veloz multiplicación de nuevas escuelas y universidades de corte privado para bajo presupuesto, que entran a competir en el sector. Me atrevo a afirmar que muchas de ellas no se centran en el aprendizaje del estudiante, sino en su permanencia –negocio, pago de colegiaturas–, a costa de que los jóvenes se gradúen sin estar académicamente preparados, lo que se traduce en estudiantes patito saturando los mercados. Por cierto, Andrés Manuel López Obrador ha ofrecido abrir 100 universidades más en el país ¿Será que más universidades produzcan profesionistas mejor preparados?

A su vez, en cuanto al nuevo modelo educativo, que parte de los fines de la educación del Siglo XXI, vinculando al alumno y al docente con el medio ambiente, la formación en valores, la ciencia y la tecnología, etcétera, así como la interrelación entre los ingredientes y operadores educativos, me queda claro que ni en las escuelas, ni en la sociedad civil han entendido bien de qué se trata. Mucho menos se ha dejado claro, fuera de las aulas, en qué consisten estos nuevos contenidos para los alumnos.

Creo que de forma general, el gran desacierto gubernamental ha sido una pésima política de comunicación social y relaciones públicas, que hoy arroja como resultado el desconocimiento general de lo que consisten las transformaciones nacionales, su impacto, los actores involucrados. Sin información eficiente y dinámica, la opinión pública sienta raíces en la desinformación, y como hemos visto, ésta generalmente conduce a malas decisiones.

Contundente: Al mes de julio del presente año, un millón 520 mil maestros participaron en la evaluación. Más de 206 mil nuevos maestros, todos ellos jóvenes de entre 24 y 30 años, obtuvieron su plaza mediante un concurso de oposición, es decir, superaron a otras personas en cuanto a conocimientos y aptitudes docentes. ¿Cómo los involucramos en la defensa de la educación?, ¿estarán de acuerdo en regresar al esquema de herencia y jineteo de plazas.

*Servidor público y docente universitario.

[i]Mérida, Yucatán[/i]
[b]@MauricioMRosado[/b]


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