Extorsiones en la Sedesol federal, nadie supo

Eduardo Lliteras
Foto: Especial
La Jornada Maya

Miércoles 5 de septiembre, 2018

La delegación de la Sedesol federal tiene un flamante y ostentoso edificio en la colonia Alcalá Martín. Varios pisos de alto, con ventanas a través de las cuales se observan personas en oficinas, platicando o haciendo algo en sus escritorios en lo que llega la nueva administración federal y [i]Huacho[/i] Díaz Mena decide qué va a hacer con tremendo edificio y tanta gente. Por lo pronto, su delegado en Yucatán dice que no sabía nada de las extorsiones denunciadas desde hace por lo menos dos años por propietarios de guarderías infantiles en el estado de Yucatán y que involucran a Emmanuel Morales Briceño, ahora preso y vinculado a proceso, como informó la Procuraduría General de la República (PGR).

En efecto, la Delegación de la Secretaría de Desarrollo Social en el Estado de Yucatán y su titular, Miguel Enríquez López, a través de un comunicado se lavaron las manos del caso de Emmanuel Morales Briceño, coordinador operativo del Programa de Estancias Infantiles de la Sedesol en Yucatán, quien fue vinculado a proceso por la PGR luego de que al menos 10 personas lo denunciaron por extorsiones para no aplicarles multas o de plano cancelarles permisos.

Apenas el viernes pasado “fue separado de su cargo” Morales Briceño, según informó el mismo delegado, lo que genera muchas preguntas sobre la responsabilidad de dicha dependencia federal y de su titular, quien ahora dice que no sabía nada de lo que hacía su subalterno, quien en Facebook mostraba sus numerosos viajes al extranjero, por ejemplo.

En un boletín enviado a algunos medios -como ha sido la práctica de las oficinas de comunicación priístas incrustadas en dependencias federales pero también estatales- el ex titular de la delegación del Infonavit en Yucatán y ahora titular de la Sedesol federal, se dice ajeno a los actos de corrupción del funcionario detenido.

En “el caso de Emmanuel Morales Briceño, Coordinador Operativo del Programa de Estancias Infantiles de la Sedesol en Yucatán, serán las autoridades competentes las encargadas de determinar su situación jurídica”, dice el boletín afirmando una obviedad pero eludiendo también una necesaria investigación interna, por ejemplo.

Asimismo, dice que “se informa que a partir de este viernes (pasado) quedó separado del cargo hasta en tanto se agoten las averiguaciones correspondientes” a pesar de que ya tenía semanas que el tema había salido a la luz pública. Es decir, el delegado de la Sedesol decidió “separarlo del cargo” sólo hasta que la PGR le echó el guante al funcionario extorsionador, a pesar de que ya desde hacía semanas se ventilaban sus prácticas. Lo que además deja la puerta abierta a que regrese a su cargo, si es que la PGR se demuestra incapaz de demostrar su responsabilidad -lo que es una práctica común como demuestra el caso de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, ex secretario general adjunto del Partido Revolucionario Institucional y acusado en Chihuahua de desviar 250 millones de pesos-.

¿De verdad el delegado de la Sedesol federal no sabía, no había escuchado nada? ¿no le habían llegado quejas de ciudadanos afectados?

Muy encerrado en su oficina de cristal debe haber estado todos estos años.

En realidad la afirmación de que “se reitera la instrucción del titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Eviel Pérez Magaña, en el sentido de que todos los servidores públicos de la dependencia deberán apegarse a cabalidad a los principios de legalidad, transparencia y rendición de cuentas”, suena a la enésima burla del gobierno federal y del presidente Enrique Peña Nieto.

Si algo ha distinguido a la actual administración es la corrupción y la impunidad. Todo bien aderezado de rimbombantes palabras, de discursos empalagosos, engomados, con gestos afectados y mecánicos de políticos habituados a querer tomarle el pelo a la ciudadanía.

Claramente no han salido más casos de corrupción a la opinión pública porque el miedo se impone. También se impone la falta de credibilidad de las instituciones que imparten justicia y que supuestamente están para hacer prevalecer el imperio de la ley, en el país en la impunidad.

Como se sabe, la PGR expuso que el juez federal a cargo del caso otorgó tres meses para concluir la investigación. Durante ese periodo el funcionario detenido permanecerá en el Centro de Reinserción Social de Yucatán.

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