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Francisco J. Hernández y Puente *
Foto: Rodrigo Díaz Guzmán
La Jornada Maya

Viernes 24 de agosto, 2018

Ante el cúmulo de propuestas y proyectos de corto y largo plazo que ha hecho el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, se ha vuelto obligado referirse al tema de las finanzas públicas. Más todavía cuando ha iniciado formalmente la transición del gobierno y los equipos involucrados trabajan en la elaboración del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2019 (PEF 2019), documento que tendrá que revisar y, en su caso, aprobar la nueva Cámara de Diputados que entrará en funciones este próximo 1 de septiembre.

A estas alturas, todo el mundo se pregunta con qué recursos se van a financiar los nuevos proyectos del Presidente. Los más escépticos, que al mismo tiempo son sus detractores, -ahora convertidos en críticos feroces- ponen en duda prácticamente todo. Como si nos hubiera ido muy bien en los últimos 30 años y no quisieran que se moviera nada, como si no fuera necesario que el país recuperara tasas de inversión pública y privada crecientes que nos permitan alcanzar mayores niveles de crecimiento económico.

[b]Plazos y fechas de entrega[/b]

Para comentar sobre estos asuntos comencemos por los plazos y fechas de entrega que tienen que cumplirse en los meses por venir y las responsabilidades correspondientes a los poderes Ejecutivo y Legislativo. Las disposiciones normativas al respecto están perfectamente establecidas, igual que los mecanismos de cuando se trata del tránsito de un gobierno a otro.

En efecto, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) en su artículo 43 señala: “En el año en que termina su encargo, el Ejecutivo Federal deberá elaborar anteproyectos de iniciativa de Ley de Ingresos y del proyecto de Presupuesto de Egresos en apoyo al Presidente Electo, incluyendo sus recomendaciones, a efecto de que éste último los presente a la Cámara de Diputados, a más tardar en la fecha y en los términos a que se refiere el artículo 74, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.”

Y la fracción IV del citado artículo de la Constitución dice: “El Ejecutivo Federal hará llegar a la Cámara la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el día 8 del mes de septiembre, debiendo comparecer el secretario de despacho correspondiente a dar cuenta de los mismos. La Cámara de Diputados deberá aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el día 15 del mes de noviembre.”

Esta misma fracción del artículo 74 también prevé lo siguiente: “Cuando inicie su encargo en la fecha prevista por el artículo 83, el Ejecutivo Federal hará llegar a la Cámara la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el día 15 del mes de noviembre”.

El documento emitido por la Secretaría de Hacienda (SHCP), titulado Elaboración y Aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación, establece: “Cuando este presupuesto corresponde al primer año de gestión de la Administración Federal, la fecha se pospone para el 15 de diciembre”.

Lo anterior significa que los equipos de la administración saliente y de la entrante que trabajan en la elaboración del proyecto de Presupuesto deberán tenerlo listo para que el nuevo Presidente lo envíe a la Cámara de Diputados a más tardar en la fecha señalada. Los diputados de la nueva Legislatura, en consecuencia, tendrán hasta el 31 de diciembre para aprobarlo.

La misma LFPRH prevé también recursos presupuestales para los trabajos de la transición en los siguientes términos: “Para realizar las actividades a que se refiere este artículo y la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, se podrán aprobar recursos en el correspondiente Presupuesto de Egresos para cubrir los gastos de un equipo de asesores que apoye los trabajos del Presidente Electo, estableciendo para tal efecto un Fondo específico que estará sujeto a las normas de ejercicio y fiscalización de los recursos federales que correspondan. Asimismo, se deberá informar al respecto en la Cuenta Pública.”

[b]150 millones para transición[/b]

Lo anterior se traduce en que dentro del Presupuesto de la Federación aprobado para 2018, se previeron los recursos para estos trabajos por un monto que asciende a 150 millones de pesos que se activan en lo inmediato para facilitar el tránsito de un gobierno a otro.

Es evidente que en virtud de los escasos márgenes que existen de aquí al fin de año, -ya que debe haber un Presupuesto Federal 2019 el 31 de diciembre-, este presupuesto en específico no será del todo a satisfacción del nuevo gobierno y tendrá que ajustarse a los márgenes de los Criterios Generales de Política Económica y a los niveles de recaudación que se establezcan en la Iniciativa de Ley de Ingresos, los dos documentos que acompañan al proyecto de Presupuesto de Egresos para el año fiscal 2019, (conocido como el paquete económico) que a estas alturas están perfectamente definidos por los responsables hacendarios de la administración del Presidente Peña.

Ahora bien, si se toma en cuenta el monto del Presupuesto que se aprobó para 2018 que fue de 5.2 billones de pesos, y se aplica el factor inflacionario de este año, no es nada difícil estimar que el Presupuesto de Egresos para 2019 ascienda a un monto de gasto neto de alrededor de 5.5 billones de pesos, acorde con la recaudación de ingresos presupuestales que se proyectarían en la correspondiente Iniciativa de Ley de Ingresos. Ese será, más menos, el techo presupuestal con el que contará el gobierno del Presidente electo en 2019, monto que sólo podría aumentar recurriendo a cierto nivel de endeudamiento, o mediante mayores ingresos tributarios, cosa que se ha descartado.

Dadas las rigideces del presupuesto y los compromisos pre establecidos, es complicado modificar sustancialmente su estructura en un tiempo tan corto. Sin embargo, si las eficiencias en el ejercicio del gasto y la austeridad anunciadas permiten un ahorro de 400 a 500 mil millones de pesos, esos recursos pueden servir para financiar algunos de los programas sociales anunciados para los jóvenes y los adultos mayores, entre otros grupos, y así iniciar una política fiscal mínimamente redistributiva, que es lo que, a mi juicio, pretendería la nueva administración. En el primer año de gobierno esto es casi imperceptible, pero de lo que se trata es de que esta sea una política que vaya modificando la composición del presupuesto a lo largo de varios años.

Por otra parte, están los grandes proyectos de largo plazo, como la reconfiguración o construcción de refinerías, la desconcentración de dependencias federales, mayores inversiones en PEMEX Exploración y Producción, y obras de infraestructura en general, que requieren y requerirán de grandes montos de inversión pública que en este presupuesto no podrán ser cuantiosos pero sí considerarse desde ahora como proyectos plurianuales que inicien una tendencia de recuperación de este tipo de gasto en el largo plazo y que concitan la comparecencia creciente de la inversión privada.

Yo prefiero tomarme a pecho las promesas del Presidente electo, a seguir pensando que nada se puede, como los escépticos, detractores y críticos feroces, que ponen en duda prácticamente todo.

*Profesor del CEPHCIS-UNAM.

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