La Jornada Maya
Foto: Especial
Cancún, Quintana Roo
Viernes 4 de mayo, 2018
El próximo 12 de mayo, los responsables que estuvieron al frente del municipio Benito Juárez tendrán que subsanar las observaciones derivadas de la Cuenta Pública 2016 del gobierno de Paul Michel Carrillo de Cáceres, luego de que hace un mes la SCJN resolvió el amparo promovido por el alcalde Remberto Estrada; de lo contrario, se procederá contra los responsables, aclaró el auditor superior del estado, Manuel Palacios.
Informó que ya se le remitió a Benito Juárez el informe respectivo con las observaciones realizadas por la Auditoría Superior del Estado, por lo que están dentro de los 30 días para atender a lo que se les solicita.
Debido a que está todavía vigente el plazo, se reservó a dar mayores detalles o montos a subsanar.
Explicó que la alcaldía tendrá que responder para que la Auditoría a su cargo haga sus valoraciones respectivas del pliego de observaciones, para luego darles a conocer al Congreso.
De acuerdo a lo previsto en la Ley, dijo que una vez que los diputados sean enterados, la in- formación se hará pública. En el marco del Foro Anticorrupción, recordó que el Congreso emitió un punto de acuerdo para el órgano de fiscalización estatal revisara de manera casuística los recursos de ingresos relacionados con el predial de la última Cuenta Pública que le aprobó el Cabildo a Michel Carrillo.
Dijo que el gobierno municipal actual ya le debió remitir a las autoridades anteriores el pliego de observaciones; por lo que tendrán que responder en tiempo y forma lo que marca la Ley, por lo que una vez enterados, tienen 30 días para atender la situación y solventar a la Aseqroo. De no responder y subsanar lo solicitado, se le entregará un informe a la XV Legislatura del Congreso para su revisión a los integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta; por lo que tendrá la facultad para indicarle que siga con el procedimiento jurídico en contra de los responsables, conocido como procedimiento resarcitorio de responsabilidades.
Ahí, explicó, se separará a la institución que es Benito Juárez y se identificará al responsable o responsables como presuntos infractores; a quienes acudan a la Auditoría de manera personal o representados por un abogado para conocer la situación que se les imputa, se les garantizarán sus derechos.
El afectado fue un trabajador militar adscrito al tramo 6 de la obra
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