Profepa clausura actividades al proyecto de Calica

Carlos Águila Arreola
Foto: Especial
La Jornada Maya

Cancún, Quintana Roo
Miércoles 24 de enero, 2018

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró las actividades de explotación del proyecto Aprovechamiento de roca caliza por debajo del manto freático de la empresa Calizas Industriales del Carmen (Calica). La compañía podría pagar una multa superior a los cuatro millones de pesos.

Calica, la mayor exportadora de arena y grava a Estados Unidos, tiene concesión hasta 2037 para la operación de la terminal portuaria para carga, almacenamiento, manejo y distribución de material pétreo, cuyas instalaciones se encuentran en el kilómetro 282+600 de la carretera Chetumal-Cancún, en el recinto portuario de Punta Venado, municipio de Cozumel.

La Profepa hizo una primera visita de inspección en mayo de 2017, en materia de impacto ambiental al proyecto de Calica antes mencionado, para verificar las autorizaciones otorgadas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

En noviembre de 2017, se hizo una visita complementaria tras el dictamen pericial de la promovente en cuanto al “levantamiento topográfico”, y tras el análisis se instauró procedimiento administrativo a Calica por presunto incumplimiento a los términos primero, cuarto, sexto, décimo primero y décimo segundo de la autorización de impacto ambiental.

Al mismo tiempo, como medida de seguridad, clausuró la explotación por debajo del manto freático, ya que la revisión del expediente concluyó que rebasó la superficie de explotación autorizada, que es de siete hectáreas anuales, lo que da 140, hasta 2020.

“Se constató que la superficie excedente es por 2.15 hectáreas; es decir, a la fecha de la visita complementaria había extraído material pétreo en 142.15 hectáreas, lo que significa que ya agotó la superficie de explotación”, explicó la Profepa en un comunicado.

En ese sentido, se le emplazó a cumplir diversas medidas correctivas, entre otras, presentar un estudio batimétrico para determinar los volúmenes de extracción de material pétreo por debajo del manto freático, para dar certeza al cumplimiento respecto de los volúmenes de extracción autorizados.

De conformidad con el artículo 171 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), la empresa Calica podría hacerse acreedora a una multa equivalente de 30 (dos mil 418 pesos) hasta 50 mil (cuatro millones 30 mil pesos) unidades de Medida y Actualización vigente (80.60 pesos diarios).

[b]¿Y Trump?[/b]

Entre los socios capitalistas de Calica, que opera en la Riviera Maya desde 1986, está el presidente de Estados Unidos, Donald Trump; lo anterior hace presumir que la mayor parte de material para la construcción de la eventual barda que el mandatario norteamericano pretende construir en la frontera con México, saldría del suelo quintanarroense.

El pasado lunes 22 de enero, Marciano Chano Toledo Sánchez y un grupo de 40 personas protestaron afuera de la minera Calizas Industriales del Carmen (Calica) contra la exportación de material pétreo, que aseguró se usaría para levantar el muro fronterizo.

“Ahora que intentan «arrodillar» a nuestras autoridades con sobornos para extender la vida de Calica, toca a los mexicanos con dignidad unirse y evitarlo”. Y también exigió detener el ecocidio de “esa empresa que nadie vigila.

“Destruyen todo, incluidos vestigios arqueológicos. Vulcan (matriz de Calica) es una empresa extranjera, y esa parte de Cozumel ya es prácticamente de Estados Unidos”, acusó el activista, quien a finales de 2016 protestó contra Calica en la COP 13, además de quemar una efigie de Trump un mes antes, y encabezar hace años protestas contra la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Calica es subsidiaria de Vulcan, empresa con sede en Alabama, de la que Trump posee 300 mil acciones adquiridas en la Bolsa de Valores estadunidense, pero no están a su nombre, sino de su prestanombres, según fuentes norteamericanas la actual secretaria de Transporte de Estados Unidos, Elaine Chao, miembro de la junta directiva de Vulcan en 2015 y 2016.

[b]Cabildeo[/b]

Actualmente, representantes de Calica cabildean con el ayuntamiento solidarense y otras autoridades para cambiar el uso de suelo de más de mil hectáreas de selva del municipio de Solidaridad para pasarlo de reserva natural a minero en la zona de Punta Venado.

La empresa norteamericana pretende seguir devastando y extrayendo material pétreo 17 metros debajo del manto freático; es decir, dos veces más de lo permitido, lo que modificaría la orientación de los bancos de agua.

De acuerdo con información de Tom Scheck, reportero de APM Reports, Calica habría ofrecido sobornos por cinco millones de dólares a las autoridades mexicanas para cambiar el uso de suelo mediante el Programa Ordenamiento Ecológico Local (POEL), instrumento de política ambiental que regula las actividades productivas para lograr la protección del medioambiente y la preservación y aprovechamiento de los recursos naturales.

Calica se escuda con el oficio número D.O.O.DGOEIA.-0007237, de fecha 30 de noviembre de 2000, mediante el que la entonces Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (Semarnat) le otorgó autorización de impacto ambiental federal con respecto a los predios El Corchalito y La Adelita, con una vigencia de 20 años.

Sin embargo, hay dos antecedentes jurisprudenciales que señalan que en materia de medioambiente no aplican los derechos adquiridos por un permiso, ya que uno de índole particular no puede estar por encima del interés público, y no se explica la preeminencia de un individuo cuando su estatus afecta de manera ostensible a la sociedad.