Joana Maldonado
Foto: Fernando Eloy
La Jornada Maya

Chetumal, Quintana Roo
Martes 21 de mayo, 2019

Una nueva Ley de Notariado terminará con los usos y costumbres que en el pasado dominaron el ejercicio del poder político que dotaba al gobernador en turno de facultades para otorgar notarías públicas como pago a favores políticos, sin el mínimo control o ética. De ser aprobada este miércoles, no habrá notarías de nueva creación en el corto plazo.

En el seno de las comisiones, este lunes fue avalado el dictamen de la nueva Ley de Notariado a la que en abril pasado se dio entrada en el pleno para su análisis. La iniciativa fue presentada por el Ejecutivo del estado el pasado 15 de abril y en caso de aprobación, se abroga la actual legislación que data de octubre de 2007.

El diputado Eduardo Martínez Arcila indicó que esta nueva ley permitirá que los gobernantes no puedan realizar entregas masivas de estas concesiones al final de su periodo de gobierno, tal como ocurrió con el ex gobernador Roberto Borge Angulo, quien asignó más de una treintena de notarías a sus amigos y conocidos.

“Esto iba en detrimento de la función notarial, se abarataba ser notario que por principio de cuentas es un tema de vocación de un profesional del derecho que se especialice en la función notarial, es una función del estado que se otorga a particulares”, indicó el legislador.

El también presidente de la Gran Comisión acotó que en la nueva Ley, de obtener mayoría al ser avalada este miércoles en el pleno del Congreso, se establecen nuevas disposiciones para obtener las concesiones de notario.

“Actualmente si quiero ser notario sólo espero la convocatoria y me inscribo y mañana me dan mi notaría”, acotó el legislador.

A partir de esta aprobación quien desee obtener una notaría deberá acreditar ser aspirante, que significa iniciar el proceso que incluye un examen de conocimientos para alcanzar la “calidad de aspirante”. Para ello, la Secretaría de Gobierno deberá publicar una convocatoria abierta a todos los interesados.

Posterior a esto, aquellos que alcanzaron la calidad de aspirante, pasarán a una siguiente fase de exámenes teórico-prácticos para obtener la designación que será avalada por un jurado conformado por tres jueces, todos ellos notarios, uno seleccionado por el gobernador, otro por el Consejo de Notarios y uno más por el pleno del Tribunal Superior de Justicia.

Actualmente el jurado se integra de tres personas designadas por el gobernador, uno directamente, otro más por el titular del Registro Público (designado por el Ejecutivo), y un tercero, un notario.

“De esa manera ya no será un notario a modo”, precisó.

Esta nueva Ley, además integra la prohibición para que los servidores públicos puedan “brincar” a una notaría de un día a otro, pues establece una restricción de un año de no haber desempeñado ningún cargo o puesto público, además de que la convocatoria y los exámenes serán realizados cada dos años.

Otro tema es que la nueva legislación avalada en Comisiones, establece un factor poblacional, es decir, que será entregada una patente por cada 15 mil habitantes.

“Antes no se tomaba en cuenta ningún referente, de si era necesaria una licencia más o si estaba bien, actualmente son 124 patentes y el promedio es de 12 mil habitantes, a corto plazo seguramente no habrá nuevas notarías”.


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