Sin identidad, más de 21 mil niños de QRoo

Joana Maldonado
La Jornada Maya

Chetumal, Quintana Roo
Martes 30 de abril, 2019

Explotación laboral, sexual, violencia intrafamiliar e incluso víctimas colaterales de la violencia que azota el estado: así es la realidad que enfrentan cientos de niños en nuestra entidad. En Quintana Roo, el 5.3 por ciento de niñas y niños (más de 21 mil infantes) no cuenta con acta de nacimiento, documento que les identifica como ciudadanos, en tanto a nivel nacional la media es de 3.9 por ciento.

Según datos emanados de la encuesta intercensal del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en 2015, las y los niños de Quintana Roo de entre 0 y 14 años representan el 27.3 por ciento de la población total.

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Son según el Inegi 410 mil 82 de 0 a 14 años aunque el Sistema Nacional de Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) contabiliza 486 mil niñas, niños y adolescentes en el estado hasta 2016.

De acuerdo con el Sipinna, los problemas que más aquejan a la niñez quintanarroense son el trabajo o explotación laboral y explotación sexual, asuntos que se abordan de manera colaborativa e interinstitucional.

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“Tenemos casos, de no mucho tiempo, sobre explotación sexual, problema que se recrudece en las zonas turísticas, y otros problemas como violencia física, psicológica y abandono o negligencia, que son formas de violentar a los niños y las niñas, pueden estar ahí pero se les ignora, y hay otras formas de cómo se manifiesta que obviamente se traducen a violencia”, precisó la fuente del Sistema Nacional de Protección de Niñas y Niños.

[b]Trabajo infantil [/b]

El trabajo infantil en el estado es una problemática que se recicla, explica el Sipinna, “se reintegra a niñas y niños que trabajan en calle y luego salen otros que no son los mismos”.

Algunos trabajos en los que se emplean los menores son: apoyo en actividades agrícolas y ganaderas, apoyo en trabajos de construcción e industria; comerciantes y empleados de ventas; vendedores ambulantes; trabajadores de servicios personales y vigilancia y domésticos, así como de limpieza.

En términos generales, en México, en jornadas de trabajo de hasta 14 horas semanales y en horarios irregulares, se concentra el 45.4 por ciento de la ocupación no permitida, esto durante 2017.

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Según el Inegi, hasta el 2017 en Quintana Roo el 9.4 por ciento de la población infantil hacía algún tipo de trabajo, muchos de ellos en ocupaciones no permitidas y/o peligrosas para su edad.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS) reporta en Quintana Roo 22 mil niñas y niños y tres mil adolescentes trabajando, muchos de ellos en edad permitida hasta 15 años.

Las estadísticas nacionales indican que el cinco por ciento de los menores que trabajan lo hacen en “ocupaciones no permitidas” y que la tasa de “ocupación peligrosa”, es de 11.5 cuando la media nacional es de 18.2 por ciento. El sector agropecuario concentra el mayor porcentaje de ocupación no permitida.

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De las niñas y niños que trabajan hasta el 2017, el 39.3 por ciento no recibe ingresos, el 31.3 lo hace por un salario mínimo y el resto cobra entre uno y dos.

[b]¿Por qué trabajan los menores?[/b]

El 22.1 por ciento lo hace para pagar sus estudios o gastos; el 21.9 por gusto o por ayudar en los gastos del hogar; el 17.8 por necesidad; el 14.7 por aprender un oficio y el resto para pagar deudas y porque en su hogar se necesita. Casi el 60 por ciento trabaja con un familiar y el 4.1 por ciento lo hace por su cuenta.

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) tiene reportados a mil 200 menores trabajando en la vía pública. El año pasado, en conjunto con Sipinna, se reincorporaron un promedio de 200 niñas y niños que trabajaban en la calle a la escuela.

El Sistema Nacional de Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes sustenta que la atención a este grupo debe ser integral, a nivel familiar, es decir, el contexto que deriva de por qué el o la menor se ven en la necesidad de trabajar.

“Es una situación que no termina en un día, si quisiéramos acabar con esta problemática de una manera violenta, se haría a través de la policía y se resguardan, pero esto no es así, hay que trabajarlo en otro sentido, desde una visión humana (…) cuando se hace la investigación y vemos los contextos podemos incidir”.

[b]Rezago educativo[/b]

En Quintana Roo, según el Inegi en 2017, la tasa de inasistencia escolar es del seis por ciento; es decir, casi 30 mil niños y niñas.

Los motivos, según documenta el Inegi, son: falta de interés, aptitud o requisitos; falta de recursos económicos, por trabajo, por embarazo o unión matrimonial; y en menor medida por accidente y/o discapacidad; por realizar quehaceres domésticos en sus hogares y finalmente por inseguridad, discriminación o distancia de la escuela.

La tasa de hogares con ocupación no permitida en el estado es del 7.4 por ciento mientras que la media nacional es de 10.3 por ciento.

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[b]Sin acta de nacimiento[/b]

Uno de los aspectos que evalúa el Inegi es el porcentaje de menores que no cuentan con acta de nacimiento. En Quintana Roo, el 5.3 por ciento de niñas y niños no cuentan con el documento que les identifica como ciudadanos en tanto a nivel nacional, la media es de 3.9 por ciento.

El registro extemporáneo o tardío se considera una barrera para la integración social de las niñas, niños y adolescentes. El Inegi señala que uno de los factores asociados al registro tardío es el nivel de escolaridad de la madre, pues en ocho de cada 10 niñas y niños nacidos entre 2008 y 2013 y registrados después de cumplir un año de edad, su madre no supera la educación secundaria.

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Además “el no registro está mayormente presente en las localidades rurales, donde la proporción de menores no registrados es del cuatro por ciento, mientras que en las localidades urbanas el porcentaje de no registrados es 2.8 por ciento”.

La Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del estado cumple este martes 30 de abril cuatro años de haberse decretado. En ella se garantizan los derechos de la población en este rango de edad, con o sin vulnerabilidad y se establecen criterios de intervención interinstitucional entre diversas dependencias de gobierno. Niñas y niños son considerados sujetos de derechos y no propiedad de padres o tutores.

[b]Violencia en redes sociales[/b]

El Sistema Nacional de Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes documentó durante 2018, 12 casos de acoso en contra de menores mediante redes sociales, de las cuales dos han derivado en denuncias penales y el resto fue atendido antes de consumarse el hecho.

El Sipinna trabaja en modelos de atención preventivo para evitar que niñas, niños y adolescentes den datos personales a personas desconocidas “porque no sabemos quién está detrás de la computadora”.

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“El delito de agresión sexual y trata de personas se ha ido sofisticando porque a través de redes sociales enganchan a los menores, nuestro trabajo es la prevención y cuando tenemos casos detectados, colaboramos con la Policía Cibernética, la cual tiene toda una estructura para brindar seguimiento y rastrear a los perpetradores”. El sistema ha logrado la desactivación de personas maliciosas.

[b]Casas de asistencia temporal[/b]

Isis González, titular de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia en la zona sur del Sistema DIF del estado, tiene a su cargo la Casa Hogar “Ciudad de niños y adolescentes”, la Casa de Asistencia Temporal para adolescentes en riesgo (CAT) y la Casa de Asistencia Integral para Adolescentes.

Durante 2018 en la casa hogar se registraron 65 ingresos y en el CAT 55, ingresos que en su mayoría se relacionan a la comisión de algún delito. Entre ellos están cinco guatemaltecos, tres hondureños, tres salvadoreños y una cubana; en lo que va de este año suman 17 extranjeros, incluyendo nueve de Honduras, cuatro de India y cuatro de El Salvador.

Abundó en que durante 2018 ingresaron 32 niños por violencia, 22 por abandono y 11 por delitos de índole sexual, mientras que en el CAT fueron 21 por violencia, nueve de índole sexual, cinco por abandono y dos por corrupción, uno más por sustracción y otro por trata.

Una vez que la Fiscalía General del Estado (FGE) inicia la carpeta de investigación, si el menor, niña o niño, no cuenta con redes de apoyo –madre, padre, abuelos, tíos o alguna figura reconocida por el menor– para ser restituidos al seno del hogar, permanecen en estos sitios.

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Del total de menores ingresados, 40 fueron restituidos, mientras que el resto permanece en proceso de trabajo con las familias.

Ante una denuncia anónima, personal de la Procuraduría realiza una investigación de campo para reconocer si se trata de un problema real, pues ha ocurrido que hay casos reportados que se desprenden de líos entre vecinos. Durante 2018 se atendieron 950 personas, muchas de éstas llamadas anónimas.

[b]Procesos de adopción[/b]

Cuando ya se agotaron los procedimientos y búsquedas de redes de apoyo, el equipo jurídico promueve las pérdidas de patria potestad y la adopción, incluso por abandono, pues hay casos en los que los padres hacen expreso su interés de no querer hacerse cargo de su hijo o hija.

Derivado de ello, el DIF inicia trámites para adopción; en 2018 concretó 22 casos, 11 niñas y 11 niños. En lo que va de este año ya se inició el trámite de cuatro casos.

El DIF ha implementado un programa de convivencias con parejas que cumplen con requisitos para adoptar, por lo que se ha podido modificar la percepción de solo adoptar menores de cero a tres años.

“Hemos tenido casos de éxito, porque durante 2018 se fueron tres grupos de hermanos mayores de nueve años, un grupo de nueve y 11, otro de ocho y nueve y un grupo de cuatro hermanos con la misma pareja, querían bebé pero al convivir con ellos, se ganaron los corazones de ambos”, relató Isis González.