Manuel Sánchez
Foto: Fernando Eloy
La Jornada Maya
Cancún, Quintana Roo
Jueves 21 de marzo, 2019
Tras vencer el plazo para el registro de candidaturas por la vía de representación proporcional, en la mayoría de los partidos políticos las primeras posiciones fueron para beneficiar a los presidentes o líderes morales de estas instituciones políticas.
En la batalla electoral hay nueve instituciones políticas con registro estatal: PRI, PAN, PRD, Morena, PVEM, PT, MC, Confianza por Quintana Roo (CQ) y MAS.
En el caso del PRI, Manuel Díaz Carvajal, actual presidente del tricolor en Quintana Roo, se vio beneficiado con la posición número dos del listado de pluris; en el PAN, se optó por beneficiar a su líder moral, el actual diputado local, Eduardo Martínez Arcila. En el PVEM se repitió la misma estrategia y se benefició a José de la Peña Ruiz de Chávez, actual presidente del verde en el estado y diputado local.
En el MC, su dirigente José Luis Chanito Toledo Medina fue elegido para encabezar el listado del partido naranja.
En el PT también se consideró a uno de los principales liderazgos en la entidad, Mauricio Morales Beiza, quien ocupa la primera posición de dicho listado. En CQ, Roger Cáceres Pascacio, presidente del partido, es quien quedó registrado en la primera posición.
En el caso de Morena, el espacio fue sorteado en tómbola y quien salió beneficiado es Luis Fernando Chávez Zepeda, en el PRD se postuló a la ex futbolista Iris Mora Vallejo y en el MAS a José Luis Guillén López.
Es importante destacar que por primera ocasión el reparto de los espacios de representación proporcional en el Congreso del Estado será diferente, es decir a los partidos políticos solamente le corresponderán cinco de las 10 posiciones.
Asignarán 30 mil millones en el mantenimiento de la red carretera federal
La Jornada
La mandataria se pronunció para que se eliminen las listas de plurinominales
La Jornada
La brasileña Juliana Marins pasó cuatro días atrapada en el Monte Rinjani en Indonesia
The Independent
Propone ley para que fiscalías estén obligadas a integrar una carpeta de investigación
La Jornada