Legislativo, sin facultades para revocar juicios

Joana Maldonado
Foto: Óscar Rodríguez
La Jornada Maya

Chetumal, Quintana Roo
Viernes 19 de mayo, 2017

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), determinó revocar el juicio político que la XV Legislatura inició en contra de los tres magistrados del Tribunal Electoral de Quintana Roo (TEQROO), al considerar que el Poder Legislativo carece de facultades para este procedimiento, por lo que se resolvió notificar al Congreso de la Unión para resolver lo correspondiente.

En sesión de la Sala Superior del Tribunal Electoral, los Magistrados resolvieron los expedientes SUP-JDC-259/2017, 260 y 261, correspondientes al juicio de protección a los derechos político-electorales promovido por los magistrados del Tribunal Electoral de Quintana Roo, Víctor Vivas Vivas, Nora Cerón Dorantes y Vicente Aguilar Rojas, a quienes se les había determinado procedente un juicio político en su contra por irregularidades en sus funciones, a petición de una demanda interpuesta por el consejero del Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo), Sergio Avilés Demeneghi, desde enero pasado.

Con cinco votos a favor y dos en contra, la Sala Superior declaró la acumulación de los tres juicios de protección que fueron presentados por separado, revocando el juicio político contra los magistrados, al considerar que deberá ser el Congreso de la Unión, la instancia correcta para resolver la queja en la que se asegura que los magistrados incurrieron en actos y omisiones con motivo de su desempeño.

[b]Congreso lamenta decisión[/b]

En respuesta, el Poder Legislativo del estado informó en un comunicado que “acatará las determinaciones que ha tomado la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)”.

No obstante, establece que el Congreso “lamenta profundamente, que con esta resolución se esté sentando un precedente legal que impide fincar responsabilidades a los servidores públicos, en este caso magistrados electorales del tribunal local, aun cuando la Sala Regional de Xalapa, del mismo Tribunal Federal, les acreditó haberse extralimitado en sus funciones en detrimento de las instituciones democráticas de nuestro estado de Quintana Roo”.

La resolución imposibilita a los órganos locales encargados de la fiscalización y revisión de las conductas de los servidores públicos de Quintana Roo, que puedan conocer y sancionar a dichos magistrados electorales, generándoles un manto de impunidad, aunque aún hay tres denuncias de juicio político que no se han dictaminado contra el magistrado presidente del TEQROO, Víctor Vivas, una interpuesta por la consejera electoral Claudia Carrillo Gasca, por violencia política, y dos más por irregularidades en su desempeño que presentaron el PRD y Morena.

“Igual de grave resulta que la decisión del Tribunal no sea vinculante con el Congreso de la Unión, es decir, no mandata a que éste inicie el procedimiento de juicio político, sino que sólo instruye se dé parte del caso, generando así una simulación jurídica”, expresa el comunicado.

[b]No acepta señalamientos[/b]

Añade que el Poder Legislativo del estado no acepta los señalamientos presentados en la exposición del caso en el TEPJF, en donde se acusa que el dictamen de la Comisión de Justicia y su aprobación por parte del Pleno del Congreso de Quintana Roo, son violatorios del principio de legalidad al ser considerados “actos de molestia emitidos por autoridad incompetente”, ya que cada uno de los pasos y determinaciones tomados a la fecha, fueron apegados a nuestro marco jurídico, tanto federal como estatal y también, derivado de una declaratoria de incompetencia que el propio Senado de la República hizo, en la que señala que es tema de competencia del Congreso de Quintana Roo para conocer el asunto.

“Por ello reiteramos que en cada decisión tomada en el Congreso siempre ha sido una premisa fundamental terminar con la impunidad y la corrupción que tanto ha afectado a la sociedad quintanarroense”.

El Congreso del Estado de Quintana Roo, esperará la notificación oficial que haga el TEPJF de la sentencia referida, a fin de conocer a detalle su contenido y a partir de ello, determinar las acciones legales a emprender.