Joana Maldonado
Imagen tomada de @SEDESOL_mx
La Jornada Maya

Chetumal, Quintana Roo
Martes 09 de mayo, 2017

Autoridades federales mantienen la auditoría en la delegación de Liconsa, por irregularidades ocurridas mientras la priísta Karla Teresa Blancas Pizaña fungió como delegada, cargo al que llegó por recomendación del entonces gobernador Roberto Borge Angulo, confirmó el actual delegado, Leopoldo Argüello.

El funcionario precisó que, actualmente, personal del órgano interno de Liconsa a nivel central se encuentra, desde las oficinas en la Ciudad de México, concluyendo con el proceso de auditorías que se iniciaron desde enero de 2017, cuando se anunció la destitución de Karla Blancas como titular de la delegación en Quintana Roo, quien previamente había sido suspendida del cargo.

El 30 de junio, dijo, Liconsa dará respuesta a esta auditoría, en tanto que, además, hubo omisiones administrativas y nulo crecimiento en el padrón de beneficiarios.

Ha trascendido que existe un probable desvío de recursos por parte de la entonces delegada, pues se presume que se entregó producto lácteo a los gobiernos municipales afines al PRI para hacer proselitismo durante el proceso electoral local de junio del año pasado, como en el caso de Solidaridad, mismo que no fue pagado, por lo que hay faltante de producto y recursos.

“Hay faltantes que existen de cajas de leche, y es lo que se está viendo. Hay irregularidades, pero estamos esperando; cualquier tipo de observaciones es grave”, expresó el delegado, originario de Chiapas.

Añadió que derivado de estas observaciones que en su momento Blancas Pizaña reviró, podría generar procesos legales y administrativos contra la ex funcionaria, que actualmente se encuentra presa en el Centro de Reinserción Social (Cereso), de Chetumal, imputada de un delito totalmente ajeno a su responsabilidad como servidora pública.

“Estamos trabajando para el pueblo vulnerable; hacer algo negativo con un programa como es Liconsa, en un programa bueno y para gente de escasos recursos; es una tontería del tamaño del mundo, es grave y no debería de existir”, afirmó Argüello.

El delegado señaló que luego de iniciarse las investigaciones en esta dependencia se detectaron responsabilidades administrativas contra funcionarios del área de Servicios Generales, Padrón de beneficiarios y Contabilidad, quienes finalmente fueron dados de baja.

“Hay una instrucción del director general –Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva- de que se haga lo que se deba hacer y de actuar como deba hacerse, no defenderemos a nadie”.


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