Joana Maldonado
Foto: cortesía
La Jornada Maya
Chetumal, Quintana Roo
Miércoles 4 de enero, 2017
Para el ex gobernador de Quintana Roo, Félix González Canto, quien ahora se desempeña como senador, se termina el plazo de seis años para mantener adscritos a su seguridad personal y la de su familia, a elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Fiscalía General. El Secretario de Gobierno, Francisco López Mena, quien encabeza el Comité de Autorización de Escoltas a ex Servidores Públicos, dijo que aunque no se ha solicitado se prorrogue el servicio de guaruras, de antemano no será aprobado.
“No y desde luego no tiene derecho a nada, después de que se hayan vencido, lo sabe él y lo sabemos todos, solo es cosa de esperar el día (...) la evaluación es que no se aprobará un plazo más, el que sea Senador es una razón más para decir no, precisamente por eso”, declaró López Mena.
De acuerdo con la Ley de Seguridad Pública del estado, el Comité de Autorización de Escoltas a ex Servidores Públicos es presidido por el Secretario de Gobierno, el Secretario de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), Juan Vergara Fernández y el Oficial Mayor de gobierno del estado, Manuel Alamilla Ceballos, así como del Secretario de Seguridad Pública, Rodolfo del Ángel Campos, y el Fiscal General del estado, Miguel Ángel Pech Cen, aunque estos últimos solo tendrán voz en las decisiones.
La ley, reformada el pasado 20 de septiembre por la actual Legislatura unos días antes de que concluyera su periodo el ex gobernador, Roberto Borge Angulo, expresa que los ex funcionarios con derecho a escoltas deberán formular una solicitud dirigida a dicho Comité.
El Artículo 53, cita que “la protección se otorgara? hasta por un tiempo igual al que estuvo en funciones, prorrogable por un término igual, en tanto el interesado acredite ante el Comité correspondiente que subsista la necesidad”, es decir que el ex gobernador, tiene derecho –si así se aprueba- a seis años más del uso de custodia.
Las modificaciones realizadas por la anterior Legislatura, otorgaba ocho años de protección a ex servidores públicos y 15 años para Roberto Borge, pero fueron derogadas.
López Mena dijo desconocer cuántos elementos están adscritos a la seguridad del ex gobernador, aunque la Ley establece que deben ser la mitad de los que tuvo durante el ejercicio de su poder que era alrededor de un centenar.
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