Ocho de los 25 diputados integrantes de la XVI Legislatura sostuvieron audiencia con nueve de víctimas del 9N, luego de seis meses de no obtener avances en las investigaciones en contra de los elementos policiacos involucrados en la represión violenta en contra de ciudadanos que participaban en una movilización en Cancún el 9 de noviembre del año pasado.
La audiencia, concretada por el diputado Edgar Gasca Arceo, de la bancada de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), tuvo como introducción un video en el que se narraron los hechos suscitados el nueve de noviembre de 2020 en el Palacio de Gobierno de Benito Juárez, cuando cientos de personas se manifestaban en contra de la violencia feminicida que un día antes arrebató la vida de Alexis, una joven de 20 años que fue asesinada en Cancún.
Las víctimas dieron su testimonio y acusaron que las autoridades no han cumplido la recomendación de la Comisión de los Derechos Humanos y entre otras cosas han sido revictimizados.
Quetzali, víctima de violación por parte de una mujer policía de la corporación de Benito Juárez, narró ante diputados que las autoridades que les atendieron les trataron de manipular cuando interponían su denuncia, puesto que les orientaban a que la misma sólo fuera por abuso de autoridad, pese a que demostró que existió abuso sexual.
“No lo querían poner, me tuvieron 12 horas para poder cumplir con eso, y han minimizado el abuso sexual, me gustaría que se tomara en cuenta, y la atención sicológica, ya que la atención que tuve fue de una sicológa que me dijo ‘no fue tu culpa, sonríe, tienes que estar bien’, y tuvimos que buscar unos por nuestra parte, ya que los del Centro de Atención a Víctimas fueron ineficientes”, narró la joven.
Julián Ramírez acusó frente a los diputados que los abogados de la Comisión de Víctimas trataron de dirigir sus denuncias hacia delitos menores de los que cometieron las autoridades. Afirmó que hubo intentos en los que les querían hacer firmar denuncias que descartaban delitos como tortura, abuso sexual, intento de homicidio y amenazas, para minimizar el hecho.
La periodista Cecilia Solís afirmó que las autoridades borraron todas las evidencias para cuando los mandaran a citar a comparecer; pidió a los diputados llamar a comparecer al entonces secretario de Seguridad Pública, Jesús Alberto Capella IIbarra, quien dos días antes de comparecer ante diputados fue separado del cargo.
Señalaron que de no ser por las organizaciones que han estado apoyando y respaldando a las víctimas, las autoridades no darían respuesta; buscan, dijeron, juicio político al Mando Único, justicia y reparación integral del daño.
Después de su narrativa, el diputado Luis Fernando Chávez Zepeda, presidente de la Comisión de Seguridad Pública, les preguntó a las víctimas sobre qué era lo que querían, y luego dejó entrever que detrás de ello estaban grupos feministas.
Edición: Laura Espejo
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