Quintana Roo es una entidad cuya legislación no está alineada a los estándares internacionales en materia de derechos humanos, consideró el colectivo Marea Verde, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinara que penalizar el aborto por violación es inconstitucional en el país.
La SCJN analizó el pasado miércoles el artículo 181 del Código Penal de Chiapas, que considera, al igual que en Quintana Roo y otros seis estados del país, delito la interrupción del embarazo en casos de violación si se solicita en los primeros 90 días de gestación.
El artículo 97 del Código Penal del estado de Quintana Roo establece la no punibilidad del aborto “cuando el embarazo sea resultado de una violación que haya sido denunciada ante el Ministerio Público, y siempre que el aborto se practique dentro del término de 90 días de la gestación”.
La corte declaró inconstitucional dicho artículo, determinando que la limitación temporal del aborto por violación constituye un acto de violencia contra la mujer y contra sus derechos al libre desarrollo de la personalidad y a la salud mental.
La Primera Sala resolvió conceder un amparo (expediente 438/2020) a una mujer en condiciones de discapacidad y pobreza, víctima de violación cuando era menor de edad, luego de que el director del Hospital General de Tapachula, Chiapas, le negara la posibilidad de aborto por tener más de 90 días de embarazo.
Se determinó que en primera instancia el juez de distrito no analizó correctamente el caso al no valorar las particularidades de la víctima y sin perspectiva de género.
Mediante un comunicado, la Primera Sala ordenó que se reconozca en calidad de víctimas a las quejosas, les sea reparado el daño y se inicien medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y no repetición.
Al respecto, el colectivo Marea Verde consideró que esta resolución nuevamente deja en evidencia a Quintana Roo, “cuya legislación no está alineada a los estándares internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres”.
“Seguimos siendo criminalizadas por el mismo Estado que tiene la obligación de garantizar y proteger nuestros derechos. Así que esperamos que las autoridades tengan cuidado cuando salgan a decir que hay armonización legislativa con perspectiva de género en Quintana Roo”, apunta.
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