Invasores reconstruyen sus viviendas en Tulum

Prácticamente desde cero iniciarán los vecinos de la invasión 2 de Octubre que sufrieron la demolición de sus viviendas ante el frustrado desalojo que se realizó el jueves.

En un recorrido realizado por La Jornada Maya este viernes, se observó cómo las casas hechas de madera, cartón, paja y materiales de construcción quedaron derrumbadas a consecuencia del cumplimiento de un mandato para restituir dos predios –divididos entre 140 lotes- como parte de las carpetas de investigación 195/2017 y 156/2018 y que luego continuó con el bloqueo de la carretera federal y el acceso a la zona hotelera de Tulum.

Después de las horas de tensión, este viernes los habitantes de la zona evaluaron los daños de las estructuras, ubicadas en las prolongaciones de la avenida Satélite y calle Centauro, donde los cimientos de materiales de la región, paredes y techos de concreto quedaron sobre el suelo luego de ser demolidos por maquinaria pesada contratada la Fiscalía General del Estado (FGE) para efectuar la diligencia ya mencionada. Pese a que fue una orden de un juez de control, los predios no contaban con custodia policíaca.

En tanto, una de las afectadas, Isis May, comentó que la mañana del jueves fue diferente, puesto que inesperadamente llegaron elementos de la Policía Ministerial de la FGE apoyados por oficiales de la Policía Quintana Roo, la Marina y el Ejército Mexicano para decirle a ella y sus tres hijos menores que tenían que retirarse porque iban a realizar un desalojo, pero nunca mostraron documentación oficial de dicha diligencia.

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Asimismo, se pudo ver que algunas familias desalojadas regresaron a sus predios con la esperanza de que no se repita otra diligencia de esta índole, aunque ante la Fiscalía dichos predios son particulares.

Cabe mencionar que uno de los factores para que se levantara el bloqueo carretero, aunado a la intervención de grupos antimotines de la Policía Quintana Roo y la Policía Ministerial, fue la firma del señor Carlos González Pacheco, representante de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatus), para tener un acuerdo con los protestantes y permitirles regresar a los terrenos.

Edición: Laura Espejo