Ex funcionarios tendrán que rendir cuentas: Lili Campos

Señala que las irregularidades detectadas tienen que ver con procedimientos de licitación ilegal
Foto: Ayuntamiento de Solidaridad

Ante el posible quebranto patrimonial por un monto de 335 millones de pesos, la presidencia municipal de Solidaridad solicitó medidas cautelares como el congelamiento de cuentas a ex funcionarios de la administración anterior, a fin de garantizar la reparación del daño ocasionado a los ciudadanos. 

“Vamos con paso firme en este tema, quiero que sepan que garantizaremos la reparación del daño a Solidaridad”, mencionó la presidente municipal Lili Campos, en rueda de prensa en donde dio detalles al respecto.

Mencionó que las irregularidades detectadas en la cuenta pública del 2019 tienen que ver con la realización de procedimientos de licitación de forma ilegal, abuso de facultades para violar las leyes y la simulación de operaciones o contrataciones para obtener recursos sin que realmente se haya contratado el servicio, cometiendo posibles conductas que constituyen en delitos como defraudación y peculado.

Asimismo, la Dirección General de Control de Gestión de la Contraloría Municipal, que encabeza, Eduardo Arreguín Chávez, dio a conocer que gracias a una denuncia se tuvo conocimiento por parte de la presente administración de irregularidades en la cuenta pública del 2020, consistentes en aproximadamente 38 millones de pesos, traducidos en indemnizaciones a empleados de la administración anterior por casi medio millón de pesos, por lo que se inició la correspondiente investigación para presentar la denuncia ante la Fiscalía del Estado de Quintana Roo.

Finalmente la administración solidarense dio a conocer que de las denuncias dadas a conocer la semana anterior, cuatro serán presentadas esta semana: la primera por el delito de peculado, actos de corrupción y posible asociación delictuosa por 14 millones de pesos, otra denuncia será por la contratación de un despacho para asistencia jurídica cuyos servicios representaron un gasto de 34 millones de pesos, otra más derivada de la adquisición de útiles escolares por cerca de más de diez millones de pesos y por último, se denunciará la adquisición de material eléctrico por 32 millones de pesos. 

 

Edición: Laura Espejo


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