En Bacalar los ejidatarios denuncian tala clandestina de maderas preciosas en al menos unas 500 hectáreas de las 20 mil con que cuentan. Piden la intervención de las autoridades federales, a quienes compete investigar este ilícito.
Ángelo Cortez, uno de los ejidatarios, detalló que detectaron la tala en un recorrido que obedeció a tareas de prevención, dado que la semana anterior en el ejido colindante de Juan Sarabia –en Othón P. Blanco- se había hecho pública la devastación de otras 800 hectáreas de selva bajo las mismas circunstancias.
Dado lo anterior, el Ejido Bacalar dio cuenta de que también está siendo víctima de tala ilegal en medio de la falta de acciones que hay por parte de las autoridades federales y estatales en materia ambiental, pues se trata de una deforestación irregular.
Entrevistado al respecto, Ángelo Cortez indicó que el recorrido fue hecho en virtud de la denuncia de devastación registrada en el Ejido Juan Sarabia, por lo que al recorrer la zona que les corresponde encontraron la tala ilegal de árboles de caoba, cedro y tzalam, entre otros que se comercian a costos altos.
“Realizamos un recorrido en atención a la denuncia de una devastación de selva en los límites con el ejido de Juan Sarabia, que es vecino nuestro, pero al recorrer la zona perteneciente a nuestro ejido de Bacalar nos encontramos con la explotación totalmente clandestina de maderas preciosas”, refirió.
En el lugar fueron halladas herramientas de extracción de madera e incluso árboles aserrados que se encontraron dentro de las cinco mil hectáreas que el ejido tiene como reserva forestal.
Según abundó el denunciante, hubo personas que se dieron a la fuga cuando se percataron de la presencia de autoridades ejidales, dado además que se trata de un delito que viola la NOM-059-SEMARNAT para la protección de especies forestales y animales.
Se ha solicitado la presencia de autoridades de la Procuraduría de Protección al Medio Ambiente (Profepa), pero también del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional para la seguridad del ejido y evitar que se desarrolle más la tala.
Edición: Laura Espejo
Los servidores públicos afectados son Hugo Aguilar Ortiz, Lenia Batres Guadarrama y Giovanni Figueroa Mejía
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