Con información de Alonso Urrutia, Néstor Jiménez y Angélica Enciso
El presidente Andrés Manuel López Obrador denunció la existencia de “chicanadas” en las demandas de amparo relacionados con la construcción del Tramo 5 del Tren Maya. Señaló que un reporte que le dio el director general de Fonatur, Javier May, indica que uno de los denunciantes presentó en su expediente tres domicilios distintos: uno en Quintana Roo, otro en España y uno mas en Estados Unidos.
Durante su conferencia matutina de este jueves, el mandatario señaló que precisamente por la incertidumbre en la dirección del denunciante no se ha podido avanzar en la resolución del amparo porque no se le puede notificar. “Como se dice en el argot de la mafia de los abogados, son las llamadas tácticas dilatorias, las chicanas”.
Sin embargo, dijo que su gobierno quiere investigar quien es esta persona que promovió un amparo para que se detuviera la obra.
Si buscan a quien impulsó amparos, yo soy uno: José Urbina
Horas después de este planteamiento, el buzo José Urbina dijo que si el mandatario busca a quienes impulsaron estos recursos jurídicos, él es uno de los ciudadanos que lo hizo y que vive desde hace 11 años en Playa del Carmen.
En conferencia de prensa, activistas y expertos precisaron que hay siete amparos en el tramo 5 y más de 200 en total contra el proyecto, y advirtieron que el mayor riesgo de daños ambientales están en los tramos 6 y 7 que incidirán en la reserva de la biosfera Calakmul.
Señalaron a 15 personas como autores del ecodicio que, aseguran, ocasiona el Tren Maya, entre ellos la titular de la Semarnat, María Luisa Albores, que autorizó la Manifestación de Impacto Ambiental del Tren Maya, o la titular de la Profepa, Blanca Mendoza, que consideran ha sido omisa ante denuncias que se han presentado, así como empresarios que pidieron modificar el trazo del tren.
El grupo, que integra a varias personas que se han amparado contra el tramo 5 sur, expuso que será el Poder Judicial el que determine lo que corresponde hacer ante el desacato de la suspensión definitiva de las obras por parte del gobierno federal, así como definir las responsabilidades; recordaron que el desacato puede tener una pena de hasta 7 años de prisión.
Los ambientalistas sostuvieron que el Tren Maya pone en riesgo a miles de especies y flora nativa, “vulnera la reserva de agua más importante de la región, deforesta miles de árboles, amenaza el patrimonio biocultural de México, incumple la Ley General de Equilibrio Ecológico, en plena crisis hídrica y climática global, y además, lo más grave, que hayan reactivado los trabajos del tramo 5 declarando que es una obra de seguridad nacional”.
Edición: Mirna Abreu
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