La empresa Calizas Industriales del Carmen (Calica), que actualmente opera en la Riviera Maya con el nombre comercial de Sactun, perdió un amparo contra el gobierno federal con el cual pretendía recuperar la operatividad del muelle de Punta Venado.
El pasado 5 de agosto el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún, declaró el sobreseimiento del juicio de amparo 533/2022, promovido por la empresa contra el gobierno mexicano.
Sactun pretendía se le permitiera la restitución de la carga, almacenamiento, manejo y distribución de materiales pétreos por medio del recinto portuario.
Un día antes, el 4 de agosto, el Juzgado se pronunció sobre otro recurso interpuesto por la transnacional, correspondiente al expediente 567/2022, en el que da por rendido el informe de mérito de la autoridad federal, de modo que la información presentada será integrada a la carpeta correspondiente.
Este significa un nuevo revés judicial para la empresa, luego de que en junio pasado se le negara la suspensión de la clausura interpuesta por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) desde mayo pasado. La clausura impide la extracción de material pétreo del predio “La Rosita”, uno de los tres que explota Sactun.
Las autoridades demandadas fueron el presidente de la República, la Secretaría de Marina Armada de México (Semar), la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y la Agencia Nacional de Aduanas de México.
La empresa tiene pendiente un juicio más, con expediente 676/2022, donde acusa a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) de realizar sobrevuelos, despegues y aterrizajes constantes en sus terrenos.
Sactun informó, en un comunicado emitido en julio pasado, que “seguiremos defendiendo nuestros derechos a través del proceso de arbitraje en el marco del TLCAN”.
Mientras tanto, el gobierno federal presentó el mes pasado una “denuncia por desastre ambiental” en contra de la compañía ante la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Edición: Emilio Gómez
Dicho delito se define actualmente como la cometida mediante coerción física, amenazas o abuso de autoridad
Afp
También inculpó a la víctima de un robo de dinero, alhajas y relojes de alta gama
La Jornada Maya
