Una delegación de Amnistía Internacional, encabezada por Agnes Callamard, secretaria general de la organización, (en conjunto con integrantes del Comité de Víctimas del 9N) retomó la mesa de diálogo con la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, para exigir justicia por las acciones ocurridas el 9 de noviembre de 2020.
“Esta reunión fue para exponerle a la gobernadora nuestras preocupaciones por los temas pendientes, tanto en el acceso a la justicia para las víctimas de la represión del 9 de noviembre de 2020 en palacio municipal, como por los pendientes en reparación integral del daño para las mismas víctimas”, expuso Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México.
El mayor pendiente que se trató en la mesa diálogo, enfatizó, fue el de la reparación integral del daño, porque hubo recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, misma que se dio por cumplida por el Congreso del Estado sin que se hubiera consultado a las víctimas, por lo que a partir de ahora se establecerá una nueva mesa de trabajo en la que sí se tenga en el centro de la reparación a las víctimas.
También se trataron pendientes relacionados con el compromiso del estado para que lo que ocurrió el 9 de noviembre de 2020 no vuelva a pasar, garantías de no repetición e iniciativas para las víctimas.
En la reunión, la Fiscalía de Quintana Roo reportó que se han abierto tres carpetas de investigación: la primera contra 14 elementos que estuvieron presentes el día de los hechos; la segunda ya tiene dos elementos municipales con orden de aprehensión y uno más vinculado; y la tercera recién se abrió con base a una denuncia por tema de presunta tortura. Hay una audiencia intermedia pendiente para el 5 de diciembre.
Wendy Galarza, una de las víctimas del 9N, apuntó que acudió como representante de todo el comité y lo que busca el grupo es justicia, verdad y reparación del daño, que no tiene relación con lo monetario, sino con atención médica de calidad, atención sicológica, entre otros elementos.
“En su momento fue presidente municipal y se lo pasaba al gobierno (del estado), ahora ella está en el gobierno (estatal) y entonces sí o sí nos tiene que responder con justicia y la verdad, porque al día de hoy no sabemos quién dio la orden y quien disparó”, dijo.
El acuerdo es mantener el seguimiento a esta mesa de trabajo, que estén presentes todas las autoridades para esclarecer quiénes serán los responsables de los planes de reparación y no haya deslindes.
“Es indispensable que la gobernadora asuma la responsabilidad por el uso excesivo de la fuerza para reprimir la manifestación de ese día… es necesario que también asuma la responsabilidad de tener firmes acciones para garantizar la no repetición y tiene que ver con una política integral de seguridad pública y el trato a las manifestaciones”, puntualizó Erika Guevara, directora de la oficina general de las Américas de Amnistía Internacional.
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