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Ana Ramírez
12/10/2025 | Cancún, Quintana Roo
La Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (Sedetus) de Quintana Roo mantiene un intenso operativo de verificación y regularización de fraccionamientos irregulares en todo el territorio estatal, con el objetivo de garantizar la certeza jurídica de la tierra y proteger tanto a inversionistas como a ciudadanos.
“Estas verificaciones son un trabajo conjunto para asegurar que los proyectos inmobiliarios cuenten con todos los permisos necesarios, no solo del estado sino también de los municipios”, indicó Gabriela Peña, directora de Asuntos Inmobiliarios de Sedetus.
Actualmente existen 116 desarrollos identificados como irregulares, resultado de inspecciones directas, revisión documental y coordinación con dependencias como Catastro, Registro Público y las direcciones municipales de Desarrollo Urbano.
La funcionaria especificó que las zonas con mayor incidencia de comercialización irregular se ubican en Mahahual, Tulum, Playa del Carmen y Bacalar, aunque el fenómeno se extiende de manera generalizada en el estado.
Sedetus ha identificado que muchos de los fraudes provienen de supuestos asesores inmobiliarios o empresas que ofertan terrenos ejidales, sin la desincorporación legal correspondiente, o bien de supuestos desarrolladores que crean proyectos ficticios con documentación falsa.
“Buscamos dar certeza jurídica a quienes adquieren una propiedad y evitar que sigan cayendo en fraudes patrimoniales. Lamentablemente, muchos ciudadanos compran terrenos que siguen perteneciendo al ejido o en fraccionamientos inexistentes. Por eso es tan importante que antes de comprar verifiquen que el vendedor y el desarrollo estén registrados”, alertó.
Como parte de las estrategias para este combate frontal, Sedetus mantiene colaboración directa con la Fiscalía General del Estado y con la mesa de ciberseguridad, lo que ha permitido la detención y vinculación a proceso de tres asesores por fraude inmobiliario en lo que va del año. Además, se trabaja en la eliminación de sitios fraudulentos en redes sociales, donde se detectan publicaciones engañosas sobre terrenos a precios muy bajos.
“Los fraudes se originan principalmente en redes sociales. Si una oferta parece demasiado buena, probablemente no lo sea. Pedimos que la ciudadanía verifique siempre las matrículas y permisos antes de comprar”, apuntó.
Las multas para los desarrolladores irregulares que cometen actividades ilegales pueden ir de mil a 5 mil Unidades de Medida y Actualización (UMAs), que corresponde a un rango entre 113 mil y 565 mil pesos, dependiendo de la gravedad de las irregularidades encontradas.
Y para orientar a los compradores, Sedetus mantiene disponible en su portal oficial
https://sedetus.qroo.gob.mx/ un padrón público de desarrollos irregulares, el cual se actualiza periódicamente y permite consultar si un fraccionamiento o vendedor cuenta con autorización.
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Edición: Fernando Sierra