En QRoo, colectivos se manifiestan en contra del 'pin' parental

El segundo foro de consulta y opinión sobre la nueva Ley de Educación de Quintana Roo, organizado por la XVI Legislatura del Congreso del Estado, se enfocó en temas de interés magisterial planteados con la Estructura Directiva del Gremio Nacional de Trabajadores de la Educación (EDE GNTE); sin embargo, en redes sociales diversos colectivos condenaron el ‘pin’ parental como lo propone el Partido Acción Nacional (PAN).

La organización gremial, encabezada por Alejandro Castillo Aguilar, presentó una serie de propuestas para esta legislación, que considera debe ser armonizada con los ajustes hechos a nivel federal y que entraron en vigor el año pasado.

Castillo Aguilar mencionó que una nueva Ley de Educación debe comprender todos los ámbitos para el mejor desarrollo de las y los educandos, “pero con propuestas que sean efectivas, no con simulaciones”. Hizo énfasis en temas específicos como educación especial para personas con discapacidad, enseñanza de la lengua maya, educación física e impartición de inglés, que no se desarrollan por falta de recursos técnicos y materiales.

El diputado Eduardo Martínez Arcila, presidente de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología de la XVI Legislatura y organizador de estos foros, recordó que revisan las cinco iniciativas pendientes de dictamen en el Congreso y pidió “tolerancia y respeto”. Destacó que hay temas importantes como la capacitación y evaluación de los maestros: “los participantes de los foros han apuntado que falta apoyo de la Secretaría de Educación”. 

En redes sociales diversos colectivos como Defensoras Digitales Quintana Roo y Marea Verde enfocaron su participación en la propuesta a la Ley de Educación del PAN que promueve el ‘pin’ parental, externando su rechazo al considerar que afecta el derecho de la niñez a la educación, salud y libertad de expresión, al restringir o limitar el acceso a la información. 

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En el último párrafo del artículo 7 de la propuesta de ley, que presentó el diputado Martínez Arcila, apunta que “la autoridad educativa estatal dará a conocer de manera previa a su impartición, los programas, cursos, talleres y actividades análogas en rubros de moralidad, sexualidad y valores a los padres de familia, a fin de que determinen su consentimiento con la asistencia de los educandos a los mismos, de conformidad con sus convicciones”.

De acuerdo con las activistas, esto vulnera el propósito de las escuelas de construir un espacio seguro para que las y los niños hablen de todos los temas y obtengan herramientas para tomar decisiones sobre su vida, accedan a servicios y reconozcan violaciones a sus derechos, además de exponerlos a mayores riesgos de violencia sexual o embarazos no deseados.

Edición: Mirna Abreu