La Secretaría de Educación de Quintana Roo (SEQ) y la Comisión de Derechos Humanos del estado (Cdheqroo) reprobaron la iniciativa presentada en el Congreso por el Partido Acción Nacional (PAN) sobre el veto o pin parental, que de ser aprobada incorporará a la Ley de Educación estatal que padres y madres de familia decidan si sus hijos asistirán a clases cuando se impartan contenidos de “moralidad, sexualidad y valores”.
De acuerdo con la secretaria de Educación, Ana Isabel Vásquez Jiménez, contraviene los avances logrados en educación y la Cdheqroo advierte que “esta imposición contraviene a la Constitución y los derechos de niñas, niños y adolescentes”.
La titular de la Secretaría de Educación indicó que la dependencia ya realizó un análisis sobre las propuestas para conformar la Ley de Educación en Quintana Roo y en cuanto al último párrafo del artículo 7 de la propuesta del PAN en la XVI Legislatura dijo que “el veto parental no es un tema que ayude y contraviene todos los avances que hemos tenido en esos años en temas educativos. Esa es la postura de la Secretaría de Educación a nivel federal y por supuesto a nivel estatal”, añadió.
A la letra, la propuesta de Acción Nacional establece: “Asimismo, la autoridad educativa estatal dará a conocer de manera previa a su impartición, los programas, cursos, talleres y actividades análogas en rubros de moralidad, sexualidad y valores a los padres de familia, a fin de que determinen su consentimiento con la asistencia de los educandos a los mismos, de conformidad con sus convicciones”.
En el reciente foro de educación que organizó la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología de la XVI Legislatura, el diputado Eduardo Martínez Arcila, del PAN, admitió que es un tema polémico y precisó que no se va a imponer una visión particular, sino que será evaluada por consenso.
El presidente de la Cdheqroo, Marco Antonio Toh Euán, recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a finales del mes pasado un tercer trámite de acción de inconstitucionalidad en relación al denominado pin parental.
El ombudsperson se adhirió al pronunciamiento de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (Fmopdh), que concentra 33 organismos públicos en el país y que reconoce que este pin parental es contrario a los principios constitucionales de la educación en México y coincidió en que representa una franca regresión en su ejercicio.
Indicó que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se rige por los principios de laicidad, por lo que el denominado pin parental contraviene los principios constitucionales, lesiona el derecho a la educación y a la accesibilidad de la salud integral en sus dimensiones de información y no discriminación, además de no considerar la opinión de niñas, niños y adolescentes que contempla la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.
“Favorece a la obstaculización del derecho a la salud y desarrollo integral, incluida la sexual y reproductiva y la información para prevenir y atender la violencia de género en sus dimensiones de información y no discriminación; tendría un impacto negativo en algunas problemáticas como la detección oportuna del abuso sexual infantil y violencia de género”, precisó.
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