La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Quintana Roo logró una nueva vinculación a proceso en contra de Roberto ‘N’, ex gobernador del estado, por el delito de aprovechamiento ilícito del poder, en relación a la carpeta 151/2017.
El domingo se llevó a cabo una audiencia de cumplimiento de la Ejecutoria de Amparo 516/2019, en relación a la vinculación a proceso y providencias precautorias decretadas el 14 de mayo de 2019.
En esa vinculación se determinaron medidas necesarias que tenían relación a las asambleas que se aprobaron y celebraron a través de un consejo directivo los días 5 de abril de 2011 y 6 de diciembre de 2013.
Si bien es cierto que el órgano jurisdiccional federal ordenó una nueva audiencia, dejando insubsistente el auto de vinculación a proceso del 14 de mayo de 2019, aclaró que ocurriría únicamente por lo que hace a la aprobación y celebración de la asamblea del 5 de abril de 2011.
En ese sentido, quedó abierta una nueva fecha para separar los hechos imputados, atendiendo a que ha prescrito la acción penal, por el hecho imputado que la ley señala como delito de aprovechamiento ilícito del poder (asamblea del 5 de abril).
En la nueva audiencia, celebrada este domingo en una sala del Juzgado Penal, el juez de control se pronunció al respecto y permitió que la Fiscalía Anticorrupción emitiera una nueva imputación, aceptando el auto, para que se atienda solamente la aprobación y celebración de la asamblea del 6 de diciembre de 2013.
La Fiscalía Anticorrupción solicitó una nueva vinculación a proceso, por el delito ya mencionado, en lo que respecta a los hechos que no fueron sujetos de protección federal (asamblea celebrada el 6 de diciembre de 2013).
Los fiscales expusieron los hechos acontecidos en dicha conducta, no prescrita, y resultó oportuno por el juzgador ordenar una nueva vinculación junto con las medidas precautorias pertinentes por el delito de aprovechamiento ilícito del poder, a fin de que continúe en prisión preventiva.
Esto quiere decir que Roberto ‘N’ continuará preso en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, en Ayala, estado de Morelos, debido a que aún enfrenta acusaciones del orden local y federal.
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