Cumbre armamentista

Carlos Águila Arreola
La Jornada Maya

24 de agosto, 2015

En la víspera del inicio de la primera Conferencia de los Estados Parte del Tratado sobre Comercio de Armas (TCA), el embajador de México ante organismos internacionales con sede en Suiza, Jorge Lomónaco Tonda, señaló que “México está obligado a establecer un registro interno y a mejorar los sistemas de transacciones internas de armas”.

En tanto, Oliver Sprague, director de Programas de Control de Armas de Amnistía Internacional (AI), apuntó que “no hay que perder de vista el objetivo principal de la cumbre: salvar vidas, que no haya más secretos, que no se tomen decisiones a puerta cerrada y que se impulse la rendición de cuentas mediante decisiones abiertas”.

El diplomático mexicano dijo que el encuentro es “un hito porque se logra en un momento en el que las Naciones Unidas ha sido poco efectiva en producir convenios o tratados de seguridad y desarme desde hace casi dos décadas, en 1996” (hace 19 años).

Dijo que el objetivo del encuentro es regular el comercio legal de armas mediante el reporte de exportaciones e importaciones de los Estados parte, “un poco el concepto de las declaraciones de impuestos, que cruza información y si se hallan inconsistencias prende un foco de alarma porque podría tratarse de tráfico comercial ilícito”.

A la fecha, la regulación del comercio de armas tiene un marco jurídico internacional gracias a la adopción del TCA por la Asamblea General de la ONU y su pronta entrada en vigor –apenas 18 meses– el 24 de diciembre: “Ahora será responsabilidad poner de los participantes el funcionamiento mediante un andamiaje institucional y procedimental”.

En ese sentido, Lomónaco Tonda apuntó que “un tratado así genera obligaciones –quizá por ello la reticencia de China y Estados Unidos a firmarlo y ratificarlo–nacionales; entonces, México está ahora obligado a establecer un registro interno y a mejorar sus sistemas de transacciones de armas importadas legítimamente y legalmente”.

El plenipotenciario dijo que participarán 121 países, 68 son Estados parte, 41 signatarios –que firmaron pero no han ratificado– y 12 observadores, y 70 organizaciones de la sociedad civil, incluidas 12 de la industria armamentista, con 223 delegados de las naciones parte, 112 de las signatarias y 25 de los observantes y 99 de la sociedad civil.
Por separado, Oliver Sprague, de AI –movimiento global de más de siete millones de personas que contribuyen a que se respeten los derechos humanos–, recordó que se ha trabajado durante 20 años para llegar a la cumbre armamentista.

En ese sentido, advirtió que “no hay que perder de vista el objetivo principal de la cumbre, que es salvar vidas, que no haya más secretos, que no se tomen decisiones a puerta cerrada y se impulse la rendición de cuentas mediante decisiones abiertas”.

Expuso que es deseable que en esta ocasión “sean escuchadas las voces tanto de la sociedad civil como de legisladores, y que los informes de los países sean verdaderamente públicos, pues será la única manera de pedir y exigir rendición de cuentas”.