Carlos Águila Arreola
La Jornada Maya

Cancún
4 de mayo, 2015

Como cada año, ayer día 3 de mayo la ONU conmemoró el Día Internacional de la Libertad de Prensa destacando la importancia de ese principio fundamental, evaluando su cumplimiento y defendiendo a los medios de ataques a su independencia, así como rindiendo tributo a quienes han perdido la vida ejerciendo esa profesión. Cada año hay menos que festejar porque la corrupción policiaca y la política, principalmente, cobijan o respaldan el incremento del acoso y los asesinato de comunicadores alrededor del mundo. Desde principios del año hasta fines de abril, en sólo cuatro meses, 51 periodistas han sido asesinados en 20 países, contra 41 durante el mismo periodo del año anterior, y México no es la excepción: 32 activistas y periodistas asesinados en cuatro años en México, y en el país Quintana Roo es la segunda entidad con más agresiones al gremio.

México es uno los países más peligrosos del mundo para el ejercicio del periodismo. Las amenazas y asesinatos a manos del crimen organizado –incluso de las autoridades corruptas– son cosa de todos los días. Ese clima de miedo, junto con la impunidad que prevalece, genera autocensura, algo muy perjudicial para la libertad de información. En la última década han sido asesinados más de 80 periodistas y 17 han desaparecido; asimismo, ciertos medios son blancos de ataques armados y amenazas, en especial en el norte del país. ¿Quiénes están detrás de esas intimidaciones? Los cárteles de la droga, que se preocupan por hacer callar a los periodistas y blogueros que informan sobre las actividades del crimen organizado y la violencia ligada a ellas. Ese clima de violencia e impunidad ha obligado a numerosos periodistas a exiliarse para huir de las amenazas que enfrentan ellos y, con frecuencia, sus familias. Las intimidaciones también provienen de las autoridades federales y estatales.

Lo mismo ocurre en el Estado de Quintana Roo con el exilio forzado de dos periodistas. Durante la última etapa del gobierno de Félix Arturo González Canto, Antonio Salinas se exilió y el argentino Hugo Martoccia fue obligado a regresar a su país al inicio de la administración de Roberto Borge Ángulo. Ambos, mandatarios de extracción priista. Según la organización Artículo 19, por entidad, las que más agresiones registraron fueron el Distrito Federal (85), Quintana Roo (42), Veracruz (41), Guerrero (28) y Oaxaca (22), y sostiene que si bien México tiene instituciones destinadas a la protección de periodistas, cumplen con un trabajo deficiente porque investigan poco y de manera ineficaz. “De cada 10 investigaciones iniciadas por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), sólo una es consignada a un juez; el resto de las denuncias quedan archivadas o son desechadas”, agregó. A las intimidaciones, se suma el hecho de que en 2013 el gobierno federal habría establecido un acuerdo con algunos gobiernos estatales para que no se divulgue información sobre hechos de violencia con el objetivo de reducir el sentimiento de inseguridad general. La impunidad sigue siendo la regla en la inmensa mayoría de los casos de asesinato y desapariciones; las investigaciones con frecuencia se cierran de prisa o se frenan debido a la lentitud burocrática, y también se explica por la colusión entre el crimen organizado y las autoridades políticas y administrativas, a menudo corruptas e infiltradas por los cárteles. Numerosos medios han renunciado a abordar el tema del narcotráfico por temor a represalias. De allí surge un clima de autocensura perjudicial para la libertad de información. En contraparte, las redes sociales se han convertido en ocasiones en las únicas fuentes de información sobre los estragos ligados a los cárteles, que no dudan en tomar como blanco a los blogueros que intentan romper la espiral de silencio. Finalmente, hay lazos muy fuertes entre autoridades y medios de comunicación que son perjudiciales para la independencia y la transparencia de estos últimos.

México se consolidó en el segundo lugar de América Latina con mayor número de asesinatos de periodistas, y el octavo en el mundo en ese mismo rubro, según dio a conocer la Federación Internacional de Periodistas (FIP). La noche del sábado 3 de enero de 2015 fue reportado el levantón del periodista Moisés Sánchez Cerezo en el municipio de Medellín de Bravo, Veracruz, por lo que en redes sociales se activó una campaña para exigir que se agilice su búsqueda. Moisés Sánchez denunció una serie de actos delictivos en el municipio de Medellín y sus alrededores, convirtiéndose en periodista incómodo para el alcalde panista Omar Cruz Reyes que, según la versión de Jorge Sánchez, también periodista e hijo del plagiado, lo puso en la mira del edil medellinense. Sánchez Cerezo es fundador y reportero de la página web La Unión , medio local en Medellín de Bravo, y en fecha reciente denunció el asesinato de un comerciante de verduras en un supuesto asalto, así como la ejecución de dos personas, lo que derivó en la creación de un grupo vecinal de autodefensas. Miembros de la Procuraduría de Justicia arrestaron a un grupo de alrededor de seis policías municipales como sospechosos de la desaparición del periodista. La ex reportera de Cultura y Espectáculos de Televisa Nayarit, Jazmín Martínez Sánchez y su esposo Alejandro Ramírez Topete fueron encontrados sin vida el mismo sábado en el municipio de Jala, al sur de la entidad. Hasta el momento, las autoridades desconocen bajó que circunstancias perdió la vida la pareja, aunque al parecer ambos fueron victimados a balazos, además de que en el lugar donde se hallaron los cuerpos se localizaron dos osamentas. En tanto, organizaciones civiles que dan seguimiento al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, a cargo de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), urgieron a nombrar al titular de esa instancia encargada de brindar seguridad a esos grupos en riesgo. Tras el nombramiento de Roberto Campa Cifrián como subsecretario de Derechos Humanos de la SEGOB, y ante las persistentes agresiones contra activistas y periodistas, el Espacio OSC, que agrupa a organizaciones civiles que siguen el tema, demandó atender los “vacíos” en los que está el Mecanismo de Protección. De acuerdo con esa red, muchos de los casos de agresiones no se han atendido según los protocolos establecidos, y muchas veces las medidas otorgadas no satisfacen la seguridad de las personas para que puedan continuar su labor y prevalezca la libertad de expresión.


La organización Campaña por un Emblema de Prensa informó que México es el sexto país más peligroso del mundo para los periodistas, y que 2014 fue el año más letal para los periodistas en la última década, con 138 asesinatos en el mundo. Y ubicó a Siria como la nación donde la violencia contra los informadores ha sido la mayor en el año que recién concluyó, y el sirio es también el país donde más periodistas murieron en 2012 y 2013. México se ubica en el sexto lugar de países más peligrosos para los periodistas, con un total de ocho asesinados; seguido de Afganistán (siete), Honduras (seis), Somalia y Brasil (cinco cada uno) y la República Centroafricana (cuatro). Si se considera el nivel de violencia y asesinatos de periodistas durante los últimos cinco años, los países más peligrosos pasan a ser Siria (75), Pakistán (63), México (50), Irak (44) y Somalia (39); es decir, en el último lustro la mexicana es la tercera nación más riesgosa para el ejercicio del periodismo del planeta.


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