Habrá más denuncias en Q. Roo

Texto y foto: Joana Maldonado
La Jornada Maya

Chetumal, Quintana Roo
Viernes 18 de noviembre, 2016

Rafael del Pozo Dergal, secretario de la Gestión Pública del gobierno estatal, ha sido el primer funcionario del gabinete de Carlos Joaquín González, que ha pasado de las palabras a los hechos, presentando en días pasados dos denuncias contra quien resulte responsable de la venta irregular de nueve mil 500 hectáreas de reserva territorial del estado; de las cuáles 850 fueron vendidas a familiares y gente cercana al ex gobernador a precios con el 99 por ciento menor a su costo real.

El funcionario dio a conocer la información el pasado martes, en la ciudad de México, porque considera que es un asunto que compete no sólo a Quintana Roo, sino a todo el país, por tratarse de una de las ventanas de México ante el mundo por su naturaleza turística.

“Hay un clamor de justicia, los quintanarroenses dicen ¿qué está pasando?, es evidente para quienes aquí vivimos, que se cometieron muchísimos abusos, entonces es importante decirles qué hace el gobierno para remediar la situación, expresa el funcionario, cuya vida profesional y personal, se ha desarrollado en la ciudad de Cancún.

Y aunque algunas voces han considerado que el hecho se vincula a un proceso meramente administrativo y no judicial, el secretario sostiene que se trata de probables responsabilidades penales, razón por la que se presentó la denuncia ante la Procuraduría General de la República, al considerar que existen suficientes elementos legales como para presumir que hay responsabilidad.

Las denuncias se presentaron el lunes ante la Fiscalía General de Justicia del estado y semanas antes ante la Procuraduría General de la República (PGR), bajo la posible comisión de delitos, de los que incluso, se solicitó a la instancia federal, indagar al respecto de la capacidad económica de las personas que adquirieron los predios y el origen de los recursos.

Todavía falta “aunque son precios por debajo de su valor comercial, estamos hablando de una enorme cantidad de terreno y, en consecuencia, de una enorme cantidad de dinero; eso es lo que a los quintanarroenses les importa: saber de dónde sacaron ese dinero con el que hicieron las operaciones”.

Del Pozo Dergal, refirió que una cifra consignada respecto a las operaciones y la PGR realiza los avalúos para conocer la diferencia entre lo que se vendió y lo que realmente vale, para definir el tamaño del daño.

Abunda, en que de las 80 mil hectáreas que el Instituto del Patrimonio de la Administración Pública (IPAE), administraba hasta el 2011, fueron vendidas más de nueve mil 500 durante la administración del ex gobernador Roberto Borge Angulo y que presentan irregularidades en los procedimientos de enajenación. Pero no solo eso, en la venta de 850 hectáreas se detectaron otro tipo de procedimientos irregulares, como los costos muy por debajo al valor real y los vínculos que hay con gente cercana al ex gobernador.

“Dimos cuenta a la autoridad de los elementos, no nos corresponde hacer la investigación, las pruebas se aportaron en el expediente, no podemos acreditar o indagar sobre el origen lícito de los recursos”, explica.

El asunto no es nuevo, la venta de estas tierras ya había sido un hecho publicado por diversos medios de comunicación a nivel local y nacional, sin embargo comenta que una vez que la administración entró en funciones, se dieron a la tarea de iniciar la investigación.

Sin embargo, no quiso dar detalle de los nombres de las personas cercanas a Borge Angulo que adquirieron estos terrenos, para “preservar la investigación y no alertar, por un lado a las personas involucradas y, por otro, otorgar a la autoridad, la oportunidad de que actúe conforme a derecho, sin violentar las garantías de ninguna persona vinculada a los procedimientos”.

“Justamente en aras de no contaminar la investigación, no estamos haciendo señalamiento de delitos, sino de hechos, ya le corresponde a la autoridad si esos hechos son o no constitutivos de delitos”.

[b]Hay más investigaciones en curso[/b]

Rafael del Pozo confía en que el asunto se resuelva a la brevedad, pero afirma que no es un tema de “en cuanto antes mejor, sino de lo más rápido posible y bien para que el resultado sea el que los quintanarroenses quieren”.

Adelantó que ya se trabaja sobre “otros asuntos” que no pueden ser del conocimiento público, porque no se litiga a través de los medios de comunicación.

“Hay que hacer las cosas frente a las autoridades, lo que hacemos con este ejercicio es mantener informada a la opinión pública”, sostiene.

Además, afirma que hay más de 40 autoridades que han iniciado desde el 26 de septiembre las auditorías, cuyos resultados se darán a conocer una vez que concluya el proceso de entrega-recepción y dependiendo de las inconsistencias que se hayan encontrado, una vez pasado el periodo de aclaración, podrán derivarse otras investigaciones o inicio de procedimientos administrativos, ya sea resarcitorios o nuevas denuncias de carácter penal.

A sus 40 años, Del Pozo, ha ocupado otros cargos, principalmente en el Ayuntamiento de Benito Juárez, dentro de la administración del entonces perredista Gregorio Sánchez Martínez, y del perredista Julián Ricalde Magaña, quien actualmente es su homólogo dentro del gabinete estatal.

Domina áreas como transparencia, dirección jurídica, secretaría técnica y secretaría general y ha colaborado en el Fondo Nacional del Fomento al Turismo (Fonatur).

Arribó a Chetumal desde el proceso de transición en julio pasado y considera esta ciudad que ha sido dirigida por personas que han carecido de visión para desarrollarla.