“Patadas de ahogado” de Aguakán

Carlos Águila Arreola
Foto: Cristina Rodríguez
La Jornada Maya

Cancún, Quintana Roo
Miércoles 09 de noviembre, 2016

Personal de la concesionaria Aguakán, desesperado, ha empezado a buscar a algunos legisladores de Quintana Roo para dialogar en corto, porque pretenden conservar la concesión que otorgó el ex gobernador Roberto Borge Angulo, a cambio de mil 50 millones de pesos que nunca ingresaron a las arcas estatales.

De acuerdo con la diputada perredista Laura Beristain Navarrete, la empresa Desarrollos Hidráulicos de Cancún ya da patadas de ahogado.

La legisladora local aseguró que personal directivo de la empresa buscó dialogar con ella: “Están nerviosos y buscan conservar la concesión otorgada por la pasada administración a como dé lugar, pero no dejaremos que sigan lastimando a la población”.

Explicó que “les he pedido que vayan a solucionar los problemas con los afectados antes de hablar conmigo. A mí no me importa quien maneje el agua, sino que el líquido esté en buen estado, que haya un adecuado cobro y buen servicio”.

Indicó que la empresa que administra el suministro de agua potable en diversos municipios debe mostrar su efectividad, cobrando precios apegados a la realidad y, sobre todo, distribuir un suministro de buena calidad, que se pueda beber.

Apuntó que no sólo Aguakán, sino también las empresas que desean manejar el agua en Quintana Roo, se tendrán que apegar a esos puntos como condicionantes para obtener alguna concesión.

Beristain Navarrete puso como ejemplo al municipio de Solidaridad, donde los habitantes no tienen para pagar el alto costo de los recibos de agua, además de que tampoco tienen buen servicio; demanda recurrente de sus habitantes.

La diputada comentó que está a la espera de que las autoridades de ese ayuntamiento den a conocer qué medidas están llevando a cabo para revocar la concesión a la empresa.

Aguakán enfrenta la posibilidad de revocación de concesión (que ostenta hasta el año 2053), desde el Congreso estatal, que considera que fue entregada en forma ilegal por el gobierno de Roberto Borge, a cambio de mil 50 millones de pesos, violentando la autonomía municipal y con extralimitación de funciones.