Carlos Águila Arreola
Foto: Carlos Águila
La Jornada Maya

Cancún, Quintana Roo
Miércoles 14 de septiembre, 2016

El equipo de transición del nuevo gobierno informó que tras revisar varias dependencias se detectó a casi tres mil personas que “cobran pero no se sabe dónde trabajan”, a los que ni Francisco López Mena, coordinador del grupo, ni Juan Vergara Fernández, de Finanzas del equipo, se atrevieron a llamar [i]aviadores[/i], pero sí revelaron que 80 por ciento de participaciones federales están comprometidas.

López Mena dijo que se recibirá el estado prácticamente en “quiebra financiera” tras el incorrecto manejo de las finanzas por parte del aún gobernador Roberto Borge Angulo, y con un déficit de operación que al 25 de septiembre, cuando tome posesión el gobernador electo Carlos Manuel Joaquín González, se estima en alrededor de dos mil 700 millones de pesos.

“El motivo: una incorrecta distribución de los recursos que se han destinado, en mayor medida, al gasto corriente en lugar de a la inversión; un endeudamiento excesivo que además ha cancelado la posibilidad de conseguir recursos adicionales”.
“También la imposibilidad de acceder a fondos federales de programas de apoyo a campesinos, indígenas o emprendedores debido al incumplimiento en las aportaciones estatales, o bien asuntos que ponen en riesgo funciones tan estratégicas para el desarrollo del estado como la promoción turística”, destacó el coordinador de la transición.

Francisco López Mena subrayó que todo ello conllevó a una mala calificación crediticia y operativa, que coloca a la entidad en desventajada para obtener fuentes de financiamiento públicas y privadas, aspectos que se combatirán, de entrada, con un estricto programa de austeridad que incluirá la reasignación en la distribución del gasto.

Dijo que en al menos en cinco dependencias estatales –las secretarías de Desarrollo Urbano y Vivienda, la del Trabajo, la Procuraduría estatal de Protección al Ambiente, la Comisión del Deporte o el Instituto Quintanarroense para la Mujer– se han detectado oficinas en mal estado y la carencia de insumos para laborar.

De igual manera, hay falta de mantenimiento en hospitales, unidades móviles, casas de cultura y en general en los inmuebles responsabilidad del gobierno estatal, así como deterioro en la documentación y alteraciones en la nómina, que no existe consolidada como tal, la captura es parcializada y fragmentada.

[b]Aviadores y compromiso[/b]

En ese sentido, Juan Vergara, responsable de las finanzas del equipo de transición, acusó que no ha habido una auditoría de nómina, que hay grandes disparidades en la asignación de compensaciones en personas con un mismo nivel.

“No sabemos cuántos servidores públicos hay en el estado; no sabemos cuántos realmente trabajan ni cuántos dependen de la nómina federal y trabajan en instituciones estatales. Hay abuso en la nómina por honorarios; no sabemos con exactitud quiénes están ni cuánto cobran; aspectos que se sabrán conforme avanza el proceso de entrega-recepción.”

Advirtió que esos asuntos implican violaciones a las normas, algunas serían de carácter penal y otras posiblemente no, y reveló que “del 1 al 13 de septiembre se han analizado dos 971 recursos humanos (personas) en diferentes nóminas, no podemos hablar con exactitud porque faltan días y dependencias”.
Son a los que ambos funcionarios se negaron a llamar [i]aviadores[/i] porque “hemos identificado y no sabemos con exactitud cuál es el universo de los recursos humanos y cuántas personas colaboran o no en el gobierno del estado, lo sabremos hasta que tengamos la certeza de cuántos son”.
Vergara Fernández explicó que a cada entidad, la Federación le asigna un porcentaje de participaciones federales para desarrollo, infraestructura, deuda pública, y para endeudarse el gobierno estatal puso como garantía de pago 80 por ciento de ese dinero.

“Es decir, si no pagas, el banco se cobra de las participaciones, y es tal el endeudamiento de Quintana Roo –noveno del país, según Reporte de Obligaciones de Entidades Federativas, del Centro de Estudios de Finanzas Públicas del Congreso de la Unión el 31 de agosto pasado– que se tuvieron que comprometer esos recursos federales”, detalló el especialista.


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