Carlos Águila Arreola
Foto: Fabrizio León Diez
La Jornada Maya

Cancún, Quintana Roo
Viernes 15 de julio, 2016

El presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún y Puerto Morelos, Carlos Gosselin Maurel, denunció otros tres boquetes financieros por alrededor de mil millones de pesos en los que habría incurrido el gobierno del estado en los rubros de promoción turística, combate al sargazo y la recuperación de playas.

El empresario reconoció que será difícil recuperar los mil 950 millones de pesos del Impuesto al Hospedaje que hasta ahora ha hecho perdidizos el gobierno del estado; sin embargo, dijo que el sector no levantará ninguna denuncia, pero sí que vigilará la aplicación de recursos que aporta la hotelería en la próxima administración, y negó que sea borrón y cuenta nueva.

El líder de la hotelería organizada de Cancún consideró que si bien la promoción que hace la Oficina de Visitantes y Convenciones (OVC) de Cancún es buena, también es insuficiente para el primer destino de sol y playa, no nada más de México, sino de América Latina.

“No tenemos la promoción suficiente ni adecuada; es decir, nos hemos mantenido más bien con la promoción que ha hecho el gobierno federal por medio del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), eso es lo que nos ha levantado”, refirió el empresario.

Sobre el dinero que compete a la OVC durante los últimos tres años, preguntó que “¿dónde está?, no sabemos a dónde se fue, lo único que sabemos es que se nos asignaron 170 millones, y dónde quedaron los otros 500 millones, eso es lo que queremos saber”, y es que anualmente se destinan casi 700 millones de pesos para promoción.

Es frecuente, en los viajes a las ferias turísticas, a las reuniones a donde asiste, que se le acerquen esos proveedores de servicios publicitarios para preguntarme si tengo conocimiento de cuándo les van a pagar.

El dirigente estimó que el adeudo sería superior a los 520 millones de pesos, similar a lo que también debe su homóloga de Playa del Carmen, unos 260 millones por cada una.

Gosselin Maurel comentó que una de las cosas que ya solicitaron al gobernador electo, Carlos Manuel Joaquín González, es que el fideicomiso de la OVC vuelva a su estado original, con mayor participación empresarial, pero ahora con mucha mayor vigilancia sobre la aplicación de esos recursos.

En cuanto al tema del sargazo, que el año pasado puso en jaque a la administración estatal, dijo que de los 150 millones de pesos que en su momento entregó el gobierno federal para la recolección de la talofita, 60 fueron para empleo temporal, 20 para un programa piloto, y de los restantes 70 millones “nadie sabe dar razón”.


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