Carlos Águila Arreola y Paul Matos
La Jornada Maya

22 de enero, 2016
Cancún

El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) demandó a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) revocar las autorizaciones otorgadas en Malecón Tajamar en materia de impacto ambiental, y estimó que la Profepa debe aplicar sanciones por daño irreparable al equilibrio ecológico.

Alejandra Serrano Pavón, coordinadora regional en el Sureste mexicano del Cemda, señaló que se presume que “el promotor del proyecto ha violado la normatividad en diversas ocasiones, al proporcionar información falsa e incumplir las condicionantes”.

La activista sostuvo la Semarnat y la Profepa han constatado el daño ambiental, y recordó que una de las condicionantes que la autoridad ambiental exigió fue el rescate de fauna en la zona.

Del mismo modo, Cemda exigió un peritaje ambiental en el predio, actuar de manera rápida y con sentido de urgencia para proceder con las sanciones, una vez acreditadas las irregularidades y, de ser el caso, dar vista al Ministerio Público por la posible comisión de delitos ambientales y contra la gestión ambiental.

“El promotor del proyecto ha incurrido de forma reincidente en violaciones a la normatividad, por lo que la Semarnat está obligada a revocar la autorización en materia de impacto ambiental”, sostuvo Alejandra Serrano.

Por su parte, la abogada Isabel Cecilia González Glennie, representante de más de mil niños de Cancún y promotora de la suspensión provisional otorgada por el juzgado segundo de distrito, reprochó la actitud de los tribunales; porque no es su primera petición.

“Nos obligan a seguir promoviendo amparos, y es el juez segundo de distrito quien nos concede la suspensión. Quiero comentarles que tenemos amparos en el juzgado quinto, séptimo y cuarto, y sólo el segundo nos ha otorgado la suspensión provisional porque el juez cuarto nos negó la definitiva por no tener los 20 millones.”

La ambientalista recordó que el juzgado cuarto de distrito de Cancún otorgó la suspensión de las obras en Tajamar, después que un grupo de niños, enunciando su derecho a un ambiente sano, solicitaron la protección de la justicia federal, la que se otorgó, pero con la condicionante de una fianza superior a 20 millones de pesos.

[h2]Opinan empresarios[/h2]

En tanto, Luis Cámara, del Consejo Coordinador Empresarial de Cancún, se manifestó a favor de la legalidad y reiteró que el proyecto inmobiliario, turístico y comercial cuenta con los permisos correspondientes, y son federales, estatales y municipales; a la vez que condenó las manifestaciones de los ambientalistas.

Sin referir número y nombre, señaló que ya empiezan a haber “inversionistas que han dejado entrever la posibilidad de cancelar e incluso retirar inversiones, lo que sería desastroso para el destino”.

“Sí, desde luego provoca temor, provoca desconfianza, y no solamente entre los inversionistas que ya compraron. Si no estamos dando la imagen al mundo de que no hay seguridad en las inversiones.

“Y eso es muy peligroso porque las inversiones que se llevan a cabo en esta zona son la base de nuestra economía. Si no hay inversión, no va a haber trabajo, no va a haber fuentes de empleo, y no va a haber desarrollo económico.”

Cámara afirmó estar a favor del medio ambiente, y en ese sentido acusó a una firma --la italiana Bi & Di-- de ser la causante de la devastación en Tajamar, porque hizo el desmonte “de una manera un poquito precipitada”.

Por su parte, convocó a una conferencia con funcionarios de la Semarnat, Profepa y Fonatur, para esclarecer todas las dudas, pero minutos más tarde se canceló “por causas de fuerza mayor”.

[h2]Perder un riñón[/h2]

En Yucatán, el titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma), Eduardo Batllori Sampedro, manifestó que “es una lástima perder manglares, porque es un riñón, y por los servicios ambientales que nos brindan”.

Sin embargo, indicó que es incapaz de pronunciarse respecto a la devastación de Tajamar en este momento, debido a que desconoce la forma en que fueron entregados los permisos, aunque es desarrollado por Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur). Comentó que es necesario conocer si los permisos para el desmonte y construcción se otorgaron acordes a la norma 022 de la Ley de vida Silvestre.


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