CPC resalta aprobación y publicación del Programa Anticorrupción 2020-2030

Al rendir su tercer informe, la presidente del Consejo de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción, Cynthia Dehesa, destacó la creación de la Política Anticorrupción del estado, cuya vigencia es de diez años, con carácter vinculante y obligatoria para todos los entes públicos. Además, resalta la ejecución de auditorías a través de las distintas autoridades responsables, en donde resultó la judicialización de 65 casos de corrupción.

En el informe resalta que 2020 fue un año sin precedentes en el camino hacia la consolidación del Sistema Anticorrupción, pues tuvo como elemento medular la aprobación y publicación del programa anticorrupción 2020-2030, que permitió contar con una ruta estratégica a seguir en el corto mediano y largo plazo para prevenir, detectar, investigar y sancionar las faltas administrativas y hechos de corrupción en el estado.

Dicho programa -señala el informe- marca un parteaguas en el camino hacia la ejecución de una política de estado en materia anticorrupción a través de cuatro ejes: el combate a la impunidad y la corrupción, la disminución de la discrecionalidad y el abuso del poder, la mejora de la gestión pública en los puntos de contacto gobierno sociedad y la participación ciudadana en todo lo anterior. Además, transversaliza el enfoque de la Agenda 2030 derechos humanos la perspectiva de género y el gobierno abierto.

En este orden, parte del eje dos de combate a la discrecionalidad y el abuso de poder, se destacó la creación del micrositio Covid-19, generado a partir de la pandemia, puesto que este contexto detonó acciones emergentes para atenderla.

“El sistema consideró fundamental impulsar una plataforma de información proactiva que transparentará todo el recurso utilizado para atender la problemática. Este esfuerzo era de suma importancia, ya que se preveía una escasez de recursos por lo que cualquier desviación significaría una reducción a las ayudas alimentarias y servicios que se tuvieron que proveer”, cita el informe.

También menciona una serie de auditorías consideradas en el Programa Anual de Auditorías, visitas e inspección (PAAVI 2021), bajo el ‘Reto de los 100 días’, el cual integra todos los entes fiscalizables que ejercieron recursos en esta acción o que recibieron o donaron. Estas se realizaron a través de la Auditoría Superior del Estado, la Secretaría de la Contraloría y el Poder Judicial.

En este sentido, el informe detalla que se lograron resolver más de 190 procedimientos de responsabilidades por faltas administrativas no graves, quejas y asuntos concluidos; pero también, 11 procedimientos de responsabilidad por faltas administrativas graves, lo cual representa un aumento a la productividad de 175 por ciento. Además, se judicializaron 65 casos de delitos por hechos de corrupción, lo cual representa un aumento de productividad. 

Se creó además, la Plataforma Única de Denuncias (PUD), para promover la mejora de gestión pública y de los puntos de contacto gobierno-sociedad.

Edición: Elsa Torres