Las localidades de la zona limítrofe -localizadas en la franja entre Campeche y Quintana Roo- han sufrido por más de tres décadas la falta de agua potable, teniendo que conformarse con la existencia de pozos o pequeñas lagunas para extraerla. Al menos cuatro han accedido a procedimientos legales que les garanticen el servicio, como el caso de Felipe Ángeles, Caña Brava, Guillermo Prieto y anteriormente San Antonio Soda.
El abogado y representante de las localidades, Andrés Blanco Cruz, precisó que de alrededor de 32 localidades que se encuentran en la zona limítrofe, solo unas cuatro tienen un servicio regular de agua potable, mientras que el resto carecen de este servicio.
Y es que apunta que, de acuerdo con geólogos, el principal problema de la zona limítrofe es que se ubica en una falla geológica, por lo cual no hay agua a baja profundidad sino hasta unos 150 metros; sin embargo, puede presentar altos contenido de hierro, lo que hace complicado que la gente tramite alguna concesión por su cuenta ante la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para perforar pozos.
En muchas de estas localidades acceden al vital líquido a través de jagüeyes, que son depósitos naturales de agua, o lagunas creadas artificialmente para que cuando llueva se almacene agua.
“En tiempo de sequía o de estiaje se ve muy feo como vive la gente. Con trastes muy pequeños tienen que sacar el agua para que no haya lodo y algunas veces la Comisión de Agua Potable mandaba algunas pipas (…) Cuando hay sequía es un tema muy complicado, hay gente que tiene ahí sus depósitos, como tipo piletas, que pueden almacenar hasta ocho mil litros de agua, pero aun así, en el caso de Caña Brava, las familias tenían problemas hasta para su aseo personal”, relata Blanco Cruz.
Otras comunidades son “menos afectadas” porque existe un acueducto en muy malas condiciones que constantemente se rompe, pero que les hace llegar el agua de color amarillo. Y pese a ser un derecho humano garantizado tanto en la Constitución del país como en acuerdos internacionales, en esta zona se requiere de la intervención directa del gobierno, que se complica porque los habitantes de esta franja se encuentran en la indefinición jurídica y no son identificados como parte de Campeche o de Quintana Roo.
“En el caso de Quintana Roo, señala que es suyo, esto ha dificultado la introducción a la región. Desafortunadamente el conflicto limítrofe ya lleva más de tres décadas y no hay para cuando se solucione porque no hay interés de Campeche ni de Quintana Roo para resolverlo”, señaló el abogado.
Andrés Blanco Cruz acotó que, ante este panorama, los más perjudicados son los ciudadanos que viven a diario las carencias y que ha llevado a instancias como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) a calificar la región como de “alta marginación”. A partir de ello los ciudadanos de algunas localidades se han organizado y realizado un trámite de amparo para lograr que el gobierno de Quintana Roo les garantice este servicio.
Es el caso más reciente de las localidades de Guillermo Prieto y Caña Brava, los habitantes ya obtuvieron una sentencia firme y se logró una orden judicial al gobierno del estado para que destine un presupuesto suficiente para dotarles de agua, lo que llevó a que el Congreso del estado dirigiera unos 100 millones de pesos del ejercicio fiscal 2021. Recientemente lograron que la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) libere recursos a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) para efecto de que empiecen los estudios, que principalmente consisten en encontrar alguna fuente de agua.
“El tema de los amparos tiene un precedente importante, aunque mucha gente no es fácil que se anime a demandar porque aún persiste el temor de que les pueden quitar algún programa social, alguna beca, algún apoyo. Cuando la gente acude a la vía del amparo es porque realmente ya está muy convencida de lo que se va a hacer porque es un proceso largo, porque en mi caso yo no les cobro, pero implica que tengan que venir a audiencias al juzgado, hay diligencias, siempre es un gasto”, relata.
El abogado recordó que la localidad de San Antonio Soda logró en el año de 2015 ser la primera comunidad a nivel nacional en lograr este amparo y más recientemente se adhirieron Caña Brava, Guillermo Prieto y Felipe Ángeles.
“Es un tema donde el derecho humano al agua está desde 1982 establecido en un tratado internacional que suscribió México y desde aquel entonces cualquier ciudadano mexicano pudo haber acudido a una instancia judicial para garantizar su derecho humano al agua potable y en el caso de México en la Constitución se estableció en el 2012, es un tema de derechos humanos al final de cuentas”, reiteró.
Edición: Emilio Gómez
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