Joana Maldonado
Foto:Especial
La Jornada Maya
Chetumal, Quintana Roo
Martes 04 de septiembre, 2018
Andrea Aguirre Ochoa, ex directora de Recursos Humanos de la Fiscalía General del Estado (FGE) durante la administración del fiscal Carlos Arturo Álvarez Escalera, fue vinculada al proceso por el delito de peculado.
La ex funcionaria es acusada de haber participado desde el 2015 en el desvío de recursos, provenientes de la nómina de trabajadores de la propia Fiscalía.
El pasado 31 de agosto del 2016, en su carácter de titular de Recursos Humanos, realizó diversos depósitos en distintas cuentas bancarias de trabajadores y a la de su nombre, en la que pagaban las nóminas; ordenando después a los empleados el retiro del dinero para que se le entregaran, bajo el argumento de que el retiro sería para el pago de las pensiones; sin embargo, no se hizo tal depósito.
Aguirre fungió como directora de Recursos Humanos hasta 2016, cuando fue cesado del cargo, Carlos Arturo Álvarez Escalera, quien había sido nombrado fiscal general durante nueve años por la anterior legislatura.
Mediante un comunicado, la Dirección Jurídica y de Vinculación Institucional de la FGE en la zona sur, informó que el pasado lunes se llevó a cabo la audiencia por el delito de peculado de la carpeta administrativa 41/2017, en donde un juez decretó auto de vinculación a proceso en contra de Aguirre Ochoa, en agravio de la misma institución.
La ex funcionaria fue responsabilizada por el desvío de recursos de la nómina de los trabajadores, e incluso, se sabe, le fueron encontradas tarjetas de débito al interior de su vehículo, los cuales coincidían con los datos del personal adscrito a la Fiscalía.
Como medida cautelar, se le impuso la prohibición de salir del estado por el término de dos años, en lo que dura el procedimiento; y como cierre de investigación complementaria, un término de tres meses.
Por lo anterior, le fue negada la ampliación del término constitucional para solucionar su situación jurídica.
Cabe señalar que otros cuatro ex funcionarios se encuentren bajo investigación de la carpeta administrativa 41/2017; declaró el propio fiscal general, Miguel Ángel Pech en febrero de 2017, quien habló de la investigación que inicia en el área administrativa por la retención de salarios a los servidores públicos.
Actualmente el polígono restrictivo comprende 15 kilómetros mar adentro, de Progreso a Sisal
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