Joana Maldonado
Foto: Fernando Eloy
La Jornada Maya
Chetumal, Quintana Roo
Jueves 21 de marzo, 2019
La iniciativa que busca crear el Instituto de la Familia presentada por los colectivos pro-vida a través de la “Alianza por el derecho a la vida”, vulnera al parecer los derechos humanos de las personas, por lo que se prevé un análisis detallado una vez que se le ingrese a pleno, afirmó la diputada independiente Sonia López Cardiel, quien preside la Comisión de Salud en el Congreso del estado.
La diputada dijo que en una primera revisión pudo establecer la vulneración de diversos derechos humanos que han sido reconocidos gracias a la lucha de diversos grupos de la sociedad.
“Mientras no esté vulnerando los derechos humanos, podríamos apoyar que se adecúen diversos artículos, pero al parecer hay unos derechos humanos que si se violentan por discriminación, a grandes rasgos eso es”, indicó.
La diputada resaltó que la familia tradicional, como tal, discrimina otros variantes de organización social como las madres solteras, principalmente en la zona norte en donde las mujeres se han vuelto cabezas de familia.
“Sobre todo en la zona norte, se ha vuelto madre soltera con dos hijos y viviendo con la abuela, no es ya una familia como la conocemos y se estarían vulnerando los derechos, hay también ya matrimonios homoparentales que buscan adoptar, ya no entraría dentro del plan de familia que ellos sugieren”, apuntó.
Según los colectivos del extinto Partido Encuentro Social (PES) y del Partido Acción Nacional (PAN), que presentaron dicha iniciativa, el Instituto de la familia busca garantizar “derechos” dado que el Sistema DIF ha sido rebasado y no pone en práctica políticas públicas efectivas lo que ha dado como resultado delincuencia y violencia intrafamiliar.
Diversas agrupaciones defensoras de los derechos humanos, han exigido a los organismos como el Instituto Quintanarroense de la Mujer como a la Comisión de los Derechos Humanos que presenten un posicionamiento en relación a esta iniciativa que consideran “viola flagrantemente los derechos humanos de las personas, en especial de las mujeres”.
“Medidas como la creación de una instancia estatal fuera de los marcos de derechos humanos con perspectiva de género, que niega la evidencia científica y el Estado laico, representa una obstaculización directa a los derechos humanos de niñas, niños, adolescentes, mujeres y toda la sociedad en cada uno de los municipios del territorio estatal”, han expresado.
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