Borge deberá regresar al estado lo robado: PAN

Joana Maldonado
Foto: AFP
La Jornada Maya

Chetumal, Quintana Roo
Jueves 2 de agosto, 2017

Es irrisorio que a la fecha, el ex gobernador Roberto Borge Angulo argumente tener un ingreso de 250 millones de pesos, cuando evidentemente son resultado de la gran corrupción que imperó en su gobierno, consideró el dirigente del Partido Acción Nacional (PAN), Juan Carlos Pallares Bueno, al resaltar que el estado mantiene avances significativos en la lucha contra la impunidad.

Luego de conocerse el arresto formal en Panamá contra del ex mandatario, el dirigente panista celebró el avance que hay en el proceso de extradición del ex priísta que deberá rendir cuentas ante autoridades mexicanas, luego de ser detenido desde el pasado mes de junio en el país centroamericano, cuando intentaba huir hacia París, acusado de desempeño irregular de la función pública y peculado.

Pallares Bueno afirmó que es una muestra clara de que sí hay cambio y de que “va en serio” la lucha contra la impunidad a la que se comprometió el gobierno de Carlos Joaquín González durante su campaña, a un año de distancia.

“La ciudadanía quería ver hechos y eso es lo que está pasando, el ex gobernador deberá pagar y devolver a Quintana Roo lo que por cinco años y ocho meses, él y sus colaboradores le robaron impunemente; ese fue el compromiso del gobernador”, puntualizó el dirigente.

Pallares Bueno reiteró el apoyo del Partido Acción Nacional a las acciones que realiza el gobierno de Quintana Roo para que los ciudadanos restablezcan la confianza en sus autoridades y sean coadyuvantes con su gobierno, y muestra clara es que Roberto Borge Angulo deberá estar en prisión hasta formalizar el proceso de su extradición luego de que los Magistrados del Tribunal Superior de Apelaciones, le negaran una multa a cambio de liberarlo.

Recordó que Acción Nacional recientemente, en la XV Legislatura, promovió y aprobó reformas y creación de nuevas leyes que enmarcan el Sistema Estatal Anticorrupción, lo que brinda mayor certeza a los ciudadanos de que aquella o aquel funcionario público que incurra en actos deshonestos, deberá enfrentar a la justicia.