Joana Maldonado
Foto: Ap
La Jornada Maya
Chetumal, Quintana Roo
Jueves 06 de julio, 2017
La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), ya consignó el expediente de la denuncia presentada en contra del ex gobernador, Roberto Borge Angulo y que incluye al ex candidato a la gubernatura, Mauricio Góngora Escalante y otros ex funcionarios de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) y del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que incurrieron en el desvío de más de 200 millones de pesos de recursos públicos para financiar campañas políticas.
De acuerdo con la Ley General de Delitos Electorales, se impondrán de 200 a 400 días de multa a quien “Destine, utilice o permita la utilización, de manera ilegal de fondos, bienes o servicios que tenga a su disposición, en virtud de su cargo, al apoyo o al perjuicio de un precandidato, partido político, coalición, agrupación política o candidato, sin perjuicio de las penas que puedan corresponder por el delito de peculado”
Al haberse comprobado la emisión de recursos públicos para financiar la campaña del candidato priísta a través del Tesorero de Sefiplan, Eliézer Villanueva Lanz, la FEPADE entregó el expediente al Juez de Control, quien deberá determinar la responsabilidad de los ex funcionarios a partir de una denuncia presentada por partidos a nivel nacional.
Diana Talavera Flores, directora de vinculación con órganos electorales y organismos de la Sociedad Civil, dijo que son temas importantes y delicados porque se investiga el uso de recursos públicos para campañas electorales de un partido político.
“Está la investigación sobre el desvío de recursos públicos para la campaña de un partido, el del PRI, por parte del gobierno del estado de alrededor de 200 millones de pesos. Estamos en las diligencias de la investigación; ya hay consignación ante un juez, para presentar al ex gobernador”, dijo.
De acuerdo a la información que la FEPADE ha dado a conocer, hay otros funcionarios partidistas involucrados que recibieron estos recursos, y que se trata de una acción ilegal.
“Quien haya recibido también cometió un delito electoral y tendrá que ser sancionado en términos de la Ley general.Son los primeros casos, La sanción máxima es de nueve años, pero se puede duplicar, dependiendo los agravantes que haya”, concluyó.
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