Carlos Águila Arreola
Foto: @Infolliteras
La Jornada Maya
Cancún, Quintana Roo
Lunes 08 de mayo, 2017
El ayuntamiento de Benito Juárez está en desacato desde hace cinco meses y sigue omiso al dictamen del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito para derribar la capilla de San Pablo Apóstol, ubicada en un parque público de la Región 200 (al noroeste de la ciudad).
Tulio Arroyo Marroquín, presidente de la Asociación civil [i]Ombligo Verde[/i], afirmó que las invasiones de integrantes de la Iglesia católica en espacios públicos son consentidas desde la Prelatura Cancún-Chetumal, que se ha apropiado de diferentes áreas con el pretexto de difundir la religión y mantener limpia el área verde donde se instalan.
El dirigente de la organización ambientalista sostuvo que las invasiones auspiciadas por los católicos en espacios públicos, en el municipio de Benito Juárez, son una transgresión a la ley porque "no solicitan permiso para poder profesar".
El activista manifestó que, de acuerdo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las acciones de la iglesia católica están fuera de la ley porque "está prohibido oficiar cualquier ceremonia religiosa o acto de culto en un espacio público".
En su artículo 24, la Carta Magna señala que "Toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión (...)”; sin embargo, “los actos religiosos de culto público se celebrarán ordinariamente en los templos, y los que extraordinariamente se celebren fuera se sujetarán a la ley reglamentaria”.
En ese sentido, Arroyo Marroquín dijo que la dirección de asuntos religiosos del municipio de Benito Juárez “no tiene mucha razón de ser”, ya que no entra en ningún organigrama, pero es la que otorga los permisos, que "no pueden ser para oficiar eventos religiosos en un parque público".
Tulio Arroyo declaró que hasta hoy el ayuntamiento ha hecho caso omiso al dictamen del Segundo Tribunal para derribar la capilla de San Pablo Apóstol, ubicada en el parque de una colonia al noroeste de la ciudad.
El activista acusó que el ayuntamiento utiliza cualquier excusa o artimaña para no hacerlo, pero se le va a acabar porque tarde que temprano le va a caer todo el peso de la ley porque es un mandato de un tribunal federal”, explicó.
La capilla se debió derribar desde hace cinco meses, pero el ayuntamiento sólo ha evadido su responsabilidad, lo que ha impedido la recuperación del espacio público para disfrute de los vecinos de la zona.
Arroyo Marroquín advirtió que la asociación civil que lidera vigilará que "se instaure un proceso de acuerdo a la Ley de Responsabilidad de los Funcionarios Públicos, que al final podría dejar deshabilitados a los involucrados”, sentenció.
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