Joana Maldonado
La Jornada Maya
Chetumal, Quintana Roo
Jueves 19 de enero, 2017
En el marco de una manifestación de ejidatarios de 57 comunidades de Bacalar que mantuvieron cerrada la carretera federal Chetumal-Bacalar por 11 horas, el jefe de la oficina del gobernador, Miguel Ramón Martín Azueta, fue obligado bajo amenaza a firmar un acuerdo para pagar 2 mil pesos a cada campesino por el siniestro de tierras inexistente.
"Los integrantes de la comisión fueron agredidos de forma física y verbal por representantes de los ejidatarios, quienes forzaron la firma de un acuerdo económico al retener a Miguel Ramón Martín Azueta, quien fue liberado minutos después con algunos golpes menores. Ese documento no es un acuerdo en el marco de la ley, subrayó López Mena", citaba un comunicado.
En el mismo, el Secretario de Gobierno Francisco López Mena afirmó que tal acuerdo no tiene validez.
El dictamen fue aprobado por el Senado y que se envió a la Cámara de Diputados
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