El Sistema Penitenciario de Quintana Roo obtuvo en 2018, 2019 y 2020, calificaciones aprobatorias de 6.1, 6.22 y 7 en los Diagnósticos de Supervisión Penitenciaria de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), institución encargada de la medición de la eficiencia y eficacia de los sistemas penitenciarios del país.
La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) informó que en 2018 el gobierno del estado recuperó la gobernabilidad de los centros penitenciarios de la entidad para trabajar en el nuevo esquema carcelario que prioriza la dignidad de las personas y eficientar los procesos de reinserción social.
En septiembre de 2018, como parte de las acciones para frenar el autogobierno que había imperado durante más de 40 años, se trasladó a 93 personas privadas de la libertad de alto índice de criminalidad, baja adaptabilidad social y alto índice de estado peligroso a centros federales y a 546 líderes negativos más entre los diferentes centros penitenciarios estatales, logrando desarticular violentos grupos de poder y de delincuencia organizada.
Abatido el autogobierno, se recuperaron espacios con orden y autoridad para evitar las actividades ilícitas desde el interior de los centros penitenciarios.
Para garantizar la reinserción social se recuperaron y dignificaron los espacios, por lo que fueron derribados bosques de arbustos que impedían la visibilidad, platanales, tienditas, restaurantes, áreas de juegos de azar, cabañas de visita íntima clandestina, destilerías de productos fermentados y hasta pulquerías y expendios de drogas.
En los espacios recuperados se fortaleció el trabajo penitenciario construyendo naves industriales para la capacitación para el trabajo, así como para la producción de cubrebocas, hamacas, muebles y artesanías diversas por parte de personas privadas de la libertad.
Conforme al programa integral de reinserción social, lograron aumentar la matrícula escolar, las actividades deportivas, culturales, recreativas, de capacitación y de trabajo e industria penitenciaria, informó la dependencia.
En 2020, 100 por ciento de la población penitenciaria -y su familia- acata el mandato legal del uso del uniforme, para lo cual la SSP a través de la Subsecretaría de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad lo integró al nuevo Reglamento y obligó identificar a los procesados de amarillo y a los sentenciados de beige logrando el control, el orden y disciplina.
El sistema penitenciario del estado de Quintana Roo resaltaba por su corrupción, sus violentos motines, riñas, evasiones constantes, homicidios y se llegó a escuchar que hasta de guarida de quienes se permitía salir de noche a delinquir, añadió la secretaría.
El año 2014 fue el peor evaluado en el país por la CNDH, obteniendo 3.66 de calificación.
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Edición: Estefanía Cardeña
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