El Congreso de Quintana Roo aprobó reformas a la ley de los municipios por las cuales ahora los Cabildos estarán obligados a crear la Comisión de la Diversidad Sexual, con el objeto de generar políticas públicas para la comunidad LGBTTTI.
Según el dictamen aprobado primero en la Comisión de Asuntos Municipales del Congreso del estado, existe la necesidad de reconocer legalmente el derecho humano a la identidad de género de las personas, garantizando un acceso adecuado a la justicia, en un contexto acorde con los principios de libertad, igualdad, y no discriminación que están consagrados en la declaración universal de los derechos humanos emitidos por la ONU.
Bajo este contexto, la iniciativa promovida por el diputado Julio Montenegro Aguilar de Morena, explica que las personas LGBTTTI están sujetas a diversos estigmas, derivados de los prejuicios que la sociedad les impone. En razón de ello, establecieron datos que dan cuenta de la discriminación que prevalece para este grupo de personas en todos los ámbitos de su vida.
Con el dictamen aprobado se creará una comisión al interior del sistema administrativo de los ayuntamientos de los estados como eje central de sus políticas y acciones que se denominará: Comisión de la Diversidad Sexual, relativa al reconocimiento y protección del derecho a la equidad y no discriminación de las personas LGBTTTI.
A partir de la comisión, los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar de acuerdo con las leyes en materia municipal que deberán expedir las legislaturas, los bandos de policía de gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones regulando procedimientos, funciones y servicios públicos.
“Se considera importante dotar a los ayuntamientos de Quintana Roo de comisiones de regidores encargadas de conocer los asuntos relacionados con la diversidad sexual, debido a la falta de órganos específicos que se aboquen al análisis de las políticas públicas y la legislación particular al interior de dichas estructuras ha generado confusión para el tratamiento de los problemas de la comunidad”, apunta.
El diputado destaca que con la creación de estas comisiones se tendrá un avance significativo en los municipios en cuanto al reconocimiento a los derechos de esta comunidad y, también, se trabajaría desde el interior en combatir todas las formas de discriminación y violencia que sufren estos grupos de personas.
Con la creación de esta nueva comisión, los ayuntamientos deberán estimar el costo del proyecto con base a lo aprobado e incluirlo en sus presupuestos de 2022. Cabe declarar que Othón P. Blanco, Bacalar, Isla Mujeres y Puerto Morelos resolvieron que ello no impactaría en sus presupuestos, lo mismo que Cozumel y Benito Juárez, mientras que el resto fue omiso.
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