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La Jornada Maya
01/12/2025 | Cancún, QRoo
El Consejo Hotelero del Caribe Mexicano manifestó su profunda preocupación ante la iniciativa del gobierno del estado de Quintana Roo de incrementar 25 por ciento el pago del derecho Visitax y obligar a hoteles y prestadores de servicios turísticos a fungir como retenedores y responsables solidarios del cobro.
En un comunicado de prensa, los hoteleros del estado señalaron que la medida, lejos de fortalecer la recaudación, compromete la competitividad de la entidad, vulnera la certidumbre jurídica de hoteles, prestadores de servicios turísticos, así como de inversionistas, proveedores, visitantes y trabajadores, y amenaza al principal motor económico de Quintana Roo.
Alertaron que mientras otros destinos internacionales están ajustando cargas fiscales a la baja para atraer más visitantes, la propuesta del gobierno del estado de Quintana Roo va en sentido contrario y coloca a México en clara desventaja, pues Quintana Roo está en una región donde la demanda turística es altamente sensible a incrementos de costos.
De acuerdo con la Ley de Derechos del Estado de Quintana Roo, todos los visitantes extranjeros que ingresen al estado están obligados a pagar un derecho denominado Visitax por el uso o aprovechamiento de bienes inmuebles de dominio público dentro de la entidad. Actualmente su costo corresponde a 2.5 UMAS (282 pesos) y con el incremento propuesto superaría los 350 pesos.
“La iniciativa contradice los principios del Plan México, cuyo eje rector es mejorar la percepción internacional sobre nuestro país, disminuir cargas al visitante, y fortalecer la confianza para detonar el turismo como palanca estratégica de desarrollo. En lugar de abonar a este compromiso, el nuevo esquema encarece injustificadamente la visita, deteriora la experiencia del viajero y erosiona los incentivos para invertir en destinos nacionales”, dice el comunicado de los hoteleros.
Establecieron que por razones operativas y contractuales, los hoteles no pueden trasladar este nuevo cargo a tarifas ya negociadas internacionalmente con meses de anticipación. Adicionalmente, dispersar la cobranza del Visitax en miles de prestadores multiplica los riesgos de cobro indebido, genera inconsistencias, confusión para el viajero, y fricciones que afectan directamente la percepción del destino.
El resultado que prevén no es mayor recaudación, sino afectaciones operativas inmediatas y un castigo al modelo multidestino y a negocios familiares. En destinos como Chetumal o Bacalar, señalaron, el cobro del Visitax a una pareja de personas puede equivaler a casi una noche completa de hospedaje. Esto afecta de forma desproporcionada a los hoteles accesibles y a negocios familiares, poniendo en riesgo el futuro del modelo multidestino que distingue al Caribe Mexicano.
“La propuesta viola principios constitucionales de legalidad, proporcionalidad y equidad. La jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación establece que la responsabilidad solidaria requiere una vinculación directa con el hecho imponible. Pretender que los hoteles recauden un impuesto por el uso de infraestructura pública, un hecho que es ajeno al servicio de hospedaje, es una delegación indebida de atribuciones del Estado y, por ende, inconstitucional”, indicaron.
Consideran que insistir en esta propuesta es una mala idea que vulnera la certeza jurídica y económica del principal motor turístico del país, por lo que hicieron un llamado urgente a las autoridades a reconsiderar esta iniciativa.
Edición: Ana Ordaz
