Intervienen embajadas

Texto y foto: Carlos Águila Arreola
La Jornada Maya

Cancún, Quintana Roo
Viernes 22 de julio, 2016

Los violentos desalojos en 16 hoteles, y el despojo de predios en el municipio de Tulum, el pasado 16 de junio, llegaron a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, mediante un punto de acuerdo que presentó la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

La petición llama al gobierno del estado a aclarar la legal procedencia de los documentos con los que se sacaron a los huéspedes de los centros de hospedaje en Punta Piedra, en la zona costera de Tulum.

En caso que no se compruebe la legitimidad de los contratos de arrendamiento presentados para el desalojo, así como el decreto presidencial que señala que los despojados no tienen la propiedad de los inmuebles, se tendría que proceder contra los responsables del despojo.

Los hoteles habrían sido desalojados por presuntamente dejar de pagar un arrendamiento por orden del juez oral de instrucción de primera instancia, Gustavo Efraín Chan Caamal.

En el texto, publicado en la Gaceta del Senado, se expone que la forma de operar fue similar a los ocurridos en años anteriores: de 2011 a la fecha, un total de 28 predios, 26 hoteles y 13 cabañas han sido desalojadas en la costa que corresponde al ejido “José María Pino Suárez”.

“La gente de seguridad argumentó que tenían una notificación; los afectados, al presentarse en el juzgado a pedir información sobre por qué los despojaban de sus predios, les pidieron nombres y les negaron el acceso al expediente diciéndoles que no eran parte de la demanda, no importando que eran los afectados directos”, se lee en el punto de acuerdo.

Los desalojos en Tulum han afectado tanto a ejidatarios como a pequeños inversionistas extranjeros que han perdido hoteles y restaurantes, lo que ha provocado que las embajadas de Italia, Portugal, Francia y Holanda haya enviado una carta a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para solicitar se investigue el caso.

El documento sostiene que es fundamental comprobar la legal procedencia de los documentos presentados para resolver el asunto y que, en caso de no comprobar la legalidad de los mismos, se proceda a devolver los hoteles y predios, así como a la reparación del daño.

“No se puede incurrir en actos de corrupción sobre los intereses que derivan de esos predios; es necesario sancionar a los responsables si es que existieron vicios en el procedimiento de desalojo que violentaron y afectaron a turistas, empleados y demás personas en los inmuebles”, exige el punto de acuerdo.

Y también solicita a la Secretaría de Gobernación (Segob), al gobierno estatal y al municipio actualizar el Plan de Desarrollo Urbano (PDU) para proporcionar seguridad y certeza jurídica a los ejidatarios e inversionistas que viven y llegan a Tulum.

El punto de acuerdo fue turnado a la tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Publicas de la Comisión Permanente para que sea analizado en los próximos días.