La Jornada Maya
Foto: Congreso del estado
Chetumal, Quintana Roo
Lunes 10 de septiembre, 2018
Con la finalidad de consolidar la autonomía técnica, y de gestión de los órganos internos de control de los organismos públicos autónomos, la XV Legislatura dio entrada a una serie de reformas a diversos ordenamientos, para que dichos órganos respondan al nuevo diseño institucional para prevenir, sancionar y combatir la corrupción en el servicio público.
En la sesión ordinaria número tres, presidida por el diputado Jesús Alberto Zetina Tejero, se dio lectura a la iniciativa por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública; de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales; de la Ley de la Comisión de los Derechos Humanos, de la Ley de la Fiscalía General, y del Código de Justicia Administrativa, todos ordenamientos del Estado de Quintana Roo.
Presentada por la diputada María Yamina Rosado Ibarra, presidenta de la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos, al estar en la tribuna indicó que las reformas van encaminadas primordialmente a la previsión de una partida presupuestal, a establecer una estructura orgánica mínima, a exigir exámenes de aptitud del personal profesional y garantizar que no exista conflicto de intereses al interior del Órgano Interno de Control, cuando se ingrese personal del propio órgano público autónomo.
De esta forma, destacó que se busca que los órganos internos de control, elaboren un anteproyecto de presupuesto para enviarlo al Congreso del Estado, por conducto del órgano público autónomo, para que éste se integre en el Presupuesto de Egresos del gobierno del Estado de Quintana Roo, con la intención de que se identifique el monto aprobado a este órgano para el respectivo ejercicio fiscal.
También propone que cuenten con áreas de: auditoría, de investigación de responsabilidades administrativas, de substanciación y de resolución, que permitan ejercer sus atribuciones en los términos que establece la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas y la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
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