Texto y foto: Óscar Rodríguez
La Jornada Maya
Mérida, Yucatán
Miércoles 7 de marzo, 2018
Durante la sesión plenaria del Congreso del estado ayer martes, Ángel Marbellino Burgos Narváez, diputado del Partido Nueva Alianza (Panal), presentó una iniciativa que pretende modificar la Ley de Educación del Estado de Yucatán para crear un instituto para el desarrollo profesional docente, como un organismo público descentralizado de la administración pública estatal.
Durante la sesión también se guardó un minuto de silencio por el deceso del panista Benito Rosel Isaac, quien fuera presidente de la Gran Comisión entre 2001 y 2004. También la diputada María del Rosario Díaz Góngora solicitó licencia para separarse de su cargo, pues asumirá el puesto de directora estatal del Conalep.
En su intervención, Burgos Narváez destacó que iniciativa de ley sentará las bases de un organismo en el cual los docentes podrán adquirir las aptitudes y conocimientos que les permitan mejorar su desempeño e incrementen sus oportunidades de desarrollo profesional.
El diputado turquesa mencionó que este instituto tendrá las atribuciones de ofrecer programas y cursos con perspectiva de género, respeto a los derechos humanos y de acuerdo con las necesidades propias de las distintas regiones y zonas escolares.
“El Yucatán del futuro requiere de cimientos fuertes, cimientos que diariamente construyen nuestros docentes en las aulas, en los salones de clase, de todos los niveles educativos”, expresó.
Mencionó que Yucatán debe estar a la vanguardia en leyes, a la vez de demostrar con hechos que la educación en la entidad es impartida por docentes comprometidos y bien preparados.
[b]Avalan dictámenes[/b]
Con el voto en contra de la diputada de Morena, se avaló la nueva Ley de Deuda Pública, que establece cómo el gobierno del estado y los ayuntamientos deberán cumplir requisitos, plazos, justificar objetivos y ser parte de un registro estatal público de los empréstitos y créditos que el Poder Ejecutivo y las comunas realizan durante sus gestiones.
Además, por unanimidad, se avaló trasladar a la Secretaría de Seguridad Pública la responsabilidad de cobro por la autorización, registro y revalidación a las empresas de seguridad privada. Anteriormente se hacía en la Fiscalía General del Estado.
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