Katia Rejón
Foto: Rodrigo Díaz Guzmán
La Jornada Maya

Mérida, Yucatán
Jueves 15 de febrero, 2018

El día que lo secuestraron, Efraín Calderón Lara, El Charras, pasó la mañana sentado en un sillón, enrollando mechones de su cabello con sus dedos, signo inconfundible de su nerviosismo. Una manía que Beatriz Calderón, su hermana, recuerda ver repetidamente en esa época.

“Siempre fue un niño muy travieso y dado a ayudar a los demás. En Hopelchén teníamos un vecino muy pobre, y cuando mi papá llegaba después de hacer las compras, siempre le llevaba una manzana, una pera, cruzaba corriendo a su casa”, platica Beatriz en entrevista.

Efraín Calderón era de Hopelchén, Campeche, y tenía 25 años en 1974 cuando agentes del gobierno de Yucatán lo asesinaron. Acababa de salir de la carrera de leyes en la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) y daba asesoría jurídica a trabajadores que demandaban la creación de sindicatos democráticos, mejoras salariales y derechos que estaban reconocidos en la Ley Federal del Trabajo.

Calderón Lara estudió derecho con la intención de luchar por sus ideales desde las Leyes Mexicanas que en ese entonces eran “una vanguardia en el papel”, como lo define el arqueólogo Alfredo Barrera Rubio en entrevista, sin embargo, las prestaciones, seguridad social, la jornada laboral y la democracia sindical no se cumplían en la práctica.

Se fue generando un movimiento de democratización para organizar a los trabajadores de forma independiente, cuando los sindicatos eran controlados por el Estado. Con el apoyo de los trabajadores y el sector estudiantil, el movimiento consiguió registros sindicales y contratos colectivos con empresas, y en octubre de 1973 se constituyó el Frente Sindical Independiente.

Beatriz Calderón guarda todo: los recortes de periódicos -nacionales- que dieron la noticia de su asesinato; cartas de trabajadores a la familia (en una de ellas se lee “Efraín con la locura que trae consigo la juventud”); la tela de su funeral, en la que se plasma su rostro bordado por una de las esposas de los trabajadores con las palabras “Libertad” y “Justicia” en color rojo, y una fotografía de su infancia.

“Nunca comentó nada, mi mamá no lo sabía. Hasta después supimos que cuando defendió a los zapateros de Ticul, lo amenazaron de muerte”, recuerda.

Su casa, ubicada en el barrio de Santiago, se llenaba de hombres que tenían problemas de pagos, que buscaban mejores condiciones laborales, hasta que puso su despacho en la calle 59. Le ofrecieron dinero, puestos de gobierno, lo amenazaron de muerte pero nada lo detuvo de defender a la clase trabajadora que reclamaba sus derechos reconocidos en la ley. Hasta que el 14 de febrero le dieron un disparo en la cabeza.

“Mi mamá se había ido a Los Ángeles, le avisé por teléfono con lágrimas en los ojos, fue muy duro. Primero fuimos a todos los periódicos pero ninguno quiso publicar la noticia. No tienes idea de cuánta gente se indignó”, afirma.

Mérida estaba en huelga, los estudiantes habían puesto barricadas en el centro, la universidad estuvo cerrada varios meses, realizaron mítines a pesar de que la autoridad amenazaba con usar la violencia. A los cinco días de su secuestro, el 18 de febrero, apareció su cadáver.

Al sepelio acudieron miles de personas entre compañeros, trabajadores, esposas de los obreros, maquiladoras, personas que hasta entonces se habían mantenido neutrales y la indignación los convocó. La familia, dice Beatriz Calderón, eran los menos.

[b]No se ha hecho justicia[/b]

La versión más concluyente es que las empresas presionaron al entonces gobernador, Carlos Loret de Mola, y ahí se gestó su asesinato.

“Nunca quedó claro quiénes fueron los autores intelectuales, y los materiales estuvieron en condiciones favorables en la cárcel. Loret de Mola declaró que fueron sus subalternos quienes sobrepasaron la orden de matarlo. Descargó la responsabilidad en ellos pero nunca se llegó a esclarecer, como pasa en la actualidad con Ayotzinapa. Cuando el Estado se involucra, nunca hay un esclarecimiento de los hechos”, afirma el arqueólogo Alfredo Barrera Rubio.

Los autores materiales, el director general de Seguridad Pública del Estado, el Teniente Coronel José Felipe Gamboa Gamboa, el subdirector Carlos Manuel Chan, el comandante Víctor Chan y cinco subalternos fueron procesados, incluido José Pérez Valdez, quien jaló el gatillo, pero recibieron sentencias favorables, trato privilegiado, visitas y apoyo económico de Carlos Loret y salieron libres antes. El movimiento se descabezó y algunos sindicatos terminaron por afiliarse a las centrales.

[b]La Historia oficial lo desconoce[/b]

La figura de El Charras permanece porque la generación que vivió el movimiento obrero liderado por él, sigue viva. El Centro de Estudios e Investigaciones Sociales y Culturales “Efraín Calderón Lara”, conformado por Pedro Quijano Uc -quien estuvo con él al momento de su secuestro-, Alfredo Barrera Rubio, Manuel Basto Miguel, Alejandro Piña y Arcadio Sabido Méndez, tiene precisamente la labor de dar a conocer los ideales de El Charras para que su lucha sindical no pase desapercibida en la historia contemporánea.

Sin embargo, ninguna de las instituciones estatales, municipales o incluso la UADY, alma máter de uno de los mártires contemporáneos del estado más importantes de la época, han realizado un solo pronunciamiento o recuerdo de su lucha.

“Él fue el fundador del Sindicato de Trabajadores Manuales y Administrativos de la UADY, pero ni en la Facultad de Derecho, donde estudió, hay algo que lo recuerde”, destaca Barrera Rubio.

Cuando la indignación de su asesinato era reciente, el teatro de la universidad cambió su nombre por el de Efraín Calderón, y en el edificio central se instaló una placa conmemorativa. Apenas se olvidó el tema, cuando su familia, toda la gente que lo quería y la sociedad en general, volvió a su ritmo cotidiano, el teatro recuperó el nombre de Felipe Carrillo Puerto y la placa fue retirada.

[b]Su lucha sigue vigente[/b]

Desde su muerte en 1974 no sólo no se han cumplido las exigencias de la clase trabajadora, sino que hubo retroceso en la legislación en cuanto a prestaciones, servicios médicos, pensión y relación laboral. “El Estado ya no quiere responsabilizarse, y los particulares tampoco. La democratización sindical tampoco se ha logrado del todo. Aún queda mucho por hacer. Efraín Calderón es un ejemplo para las nuevas generaciones, representa la entrega de una persona al servicio de los demás. Los ideales de un hombre de transformar el país en una sociedad más justa”, opina el arqueólogo.


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