Abraham Bote
La Jornada Maya
Mérida, Yucatán
Martes 10 de diciembre, 2019
Trabajadoras sexuales, acompañadas de las agrupaciones Indignación, Unasse, Oasis San Juan de Dios, y Yucatrans, denunciaron que el nuevo Reglamento de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Mérida es discriminatorio, pues criminaliza su labor. Además indicaron que sufren acoso, hostigamiento y detenciones arbitrarias en varios puntos de la ciudad -como el Centro o cerca de Kanasín-, por parte de la policía municipal, entre otras violaciones a sus derechos humanos, siendo las mujeres trans el grupo más vulnerable en este tema.
Por lo tanto, indicaron que interpusieron un amparo donde exigen al Ayuntamiento de Mérida, al alcalde Renán Barrera Concha y la Policía Municipal, que dejen de criminalizar a las personas que se dedican al sexoservicio y por el contrario generen políticas públicas que mejoren las condiciones de este sector de la población. También contra la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey), por ser omisa y no interponer una acción de inconstitucionalidad en contra del reglamento.
El pasado 14 de septiembre entraron en vigor diversas reformas a disposiciones del Reglamento de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Mérida. Sin embargo, se incorporaron prohibiciones que representan una restricción a derechos humanos. Específicamente, la fracción VI del artículo 15 relativo al título III “de las infracciones a la dignidad de las personas”, establece la prohibición de ejercer el trabajo sexual en la vía pública.
Por eso, de acuerdo con Amelia Ojeda Sosa, coordinadora jurídica de Unasse, se decidió tramitar este amparo en conjunto con otras agrupaciones civiles, “pues por un lado tenemos que un organismo facultado para la protección de los derechos humanos no cumplió con su obligación, y por otro, que no se criminalice la labor de los trabajadoras sexuales”.
Esta prohibición, para Jorge Fernández Mendiburu, abogado de Indignación, es reflejo de que el municipio nuevamente sanciona a las personas más vulnerables dentro de los vulnerables. “No hay un proceso de reflexión, de protección desde la perspectiva de derechos humanos de aquellas personas que más deberían ser protegidas”, manifestó.
En concreto, explicó que en este juicio de amparo, que está en el Juzgado Segundo de Distrito, demandan al Ayuntamiento de Mérida por aprobar esta norma, al presidente municipal por haberla publicado en la Gaceta Municipal y al director de la Policía Municipal, quien se encarga de realizar las redadas y aplicar la normatividad.
“Entonces, lo que se le plantea al juez es la violación al artículo quinto constitucional en relación con el derecho a no ser discriminado por ninguna de las causas que protege la propia Constitución”.
Aunado a esto, agregó, se demanda la omisión de las autoridades de generar políticas públicas para que las personas dedicadas al trabajo sexual cuenten con condiciones adecuadas de trabajo. “En vez de generar políticas públicas incluyentes, siguen excluyendo”, remató.
Abigail Trillo Herrera, presidente de la agrupación Yucatrans, dijo que con este reglamento teme regresar a otros tiempos en que las trabajadoras sexuales eran detenidas frecuentemente y sufrían abusos sexuales por parte de la policía para que las dejaran salir o no se las llevaran.
“No es una cuestión que digamos, cuánto me van a cobrar o cuánto tiempo voy a estar adentro, sino es una cuestión de que si no accedo a lo que dice la policía, me va mal, adentro. Y no sólo digo yo, igual que lo viví, porque yo fui víctima de una violación masiva en la cárcel municipal”, señaló.
“Por eso, hacemos un llamado a las autoridades para que hagan un cambio, porque necesitamos tener una sociedad incluyente donde todas y todos seamos miembros y respetados”, subrayó.
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