Lilia Balam
Foto: Facebook @inaipyucatan.org
La Jornada Maya

Mérida, Yucatán
Miércoles 17 de julio, 2019

La mayoría de los 16 entes municipales que han sido amonestados públicamente por el Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAIP), por incumplir con sus obligaciones en materia de transparencia, se han acercado al órgano garante para solventar las observaciones, por lo que el comisionado presidente del Instituto, Aldrin Briceño Conrado, considera que las medidas de apremio “han surtido efecto” en los sujetos obligados.

De acuerdo al portal digital del INAIP, en lo que va del año, 14 ayuntamientos y dos instituciones municipales han sido amonestadas públicamente por no acatar sus obligaciones en el rubro de transparencia como, por ejemplo, no responder a solicitudes de acceso a la información realizadas por la ciudadanía.

Se trata de los ayuntamientos de Chikindzonot, Panabá, Calotmul, Ticul, Muna, Acanceh, Sanahcat, Cenotillo, Izamal, Yobaín, Río Lagartos, Conkal, Progreso y Kanasín, así como el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Tixkokob y el Hospital Comunitario de Ticul. En total, se han realizado 41 amonestaciones públicas y solamente la comuna de Calotmul ha sido sancionada con una multa de 12 mil pesos.

Sin embargo, la gran mayoría se ha acercado al INAIP con la intención de solventar las observaciones, entregar la información que se les solicita y cumplir con sus obligaciones.

“Las medidas de apremio han surtido efecto. Tenemos algunos municipios que están en plazo de entregar la información pero hay muy buena disposición. Muchos han respondido a la amonestación”, refirió Briceño Conrado. De hecho, a raíz de las medidas mencionadas, en algunos municipios se han generado acciones para crear políticas de respeto al acceso a la información pública, añadió.

Sobre el ayuntamiento sancionado, indicó que del cobro de la multa se encarga la Agencia de Administración Fiscal del estado (AAFY), pero los integrantes ya entablaron diálogo con el Instituto para entregar la información que les fue solicitada.

“La idea no es sancionar por sancionar, sino que se cumpla con la entrega de información que le corresponda a los propios ciudadanos”, concluyó Briceño Conrado.


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