Abraham Bote
Foto: Enrique Osorno
La Jornada Maya

Mérida, Yucatán
Lunes 13 de mayo, 2019

Ejidatarios de Sitpach exigen al gobierno del estado pagar al ejido el valor comercial de aproximadamente 10 hectáreas de tierras de su propiedad, en las que se construyó el distribuidor vial Chichí Suárez, problema que viene desde la administración de Rolando Zapata Bello.

Aunque los ejidatarios ya ganaron ante diversas instancias, la administración de Zapata Bello nunca pagó a los ejidatarios, expresó Octaviano Dzul, representante del ejido.

Los pobladores se manifestaron este 13 de mayo frente al Palacio de Gobierno e indicaron que hablaron con María Fritz Sierra, secretaria general de Gobierno, quien les dijo que desconocen el problema aunque se les hizo saber de este asunto desde el pasado 23 de abril. El representante ejidal indicó que entonces se les dijo que el gobierno tomaría cartas en el asunto para que les paguen el valor de sus tierras. “Hay disposición de hablar”, admitió. Sin embargo, enfatizó que si no se atienden sus demandas bloquearán partes del periférico de la ciudad.

Según indicó Octaviano, las autoridades estatales les dijeron que no tienen conocimiento de este caso, entonces van a revisarlo con la Consejería Jurídica para que puedan determinar en qué situación se encuentra el pago.

El representante legal dijo que le informaron del caso y le mostraron los documentos, pero les respondieron que: “ya perdieron todo, inclusive la secretaria lo revisó y dijo sí, es cierto, ya está perdido, pero déjennos una o dos semanas para que podamos hablar con la Consejería Jurídica para que nos diga en qué estado se encuentra y empezar el diálogo sobre el pago del puente”.

Dzul manifestó que el gobierno actual no está cerrado al diálogo y, por lo que demostraron en la reunión, no quieren perjudicar a los ejidatarios, pero piden tiempo para revisar la documentación. Recordó que el Tribunal Agrario y la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenaron al gobierno del estado, entonces a cargo de Rolando Zapata Bello, que mediante el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin) pida el avalúo de sus tierras, pero no lo han hecho.

Entonces, precisó que la administración actual va a revisar por qué no se ha hecho, pues esta dependencia es quien debe poner precio a sus tierras.

“Ya está tomado en cuenta, que no había llegado a sus manos el caso. No sé si es verdad o no, pero el 23 de abril se le entregó al gobierno del estado esta petición”, subrayó, e insistió en que los ejidatarios esperan que se acabe este conflicto, que lleva ya más de tres años.


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